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Matrimonio indisoluble

No sobra decir que, si bien en estos primeros meses el gobierno ha contado con el poder institucional y popular para avanzar con reformas difíciles de asumir como la tributaria, no debe creerse todopoderoso ni seguir tensando la cuerda, pues como la economía siga con el ritmo en el que va, aquellos que le han dado su apoyo -incluso reconocidos economistas del país- se lo irán quitando, como ha ocurrido con otros líderes de izquierda latinoamericanos.

El gobierno del Pacto Histórico que inició con una idea clara de que para financiar los programas sociales que necesita el país debe organizar la casa en términos presupuestales, está dañando con los pies lo que está haciendo con las manos. Mientras se adelanta una reforma tributaria que busca generar recursos para mejorar notablemente las débiles arcas del Estado, las declaraciones descoordinadas del gobierno y su gabinete dejan entredicho la seriedad con la que se está  tomando la economía. 

Ni la inflación ni la devaluación del peso colombiano son responsabilidad exclusiva del gobierno de Petro, pues está claro que todo esto se presenta en el marco de una crisis económica global en la que no somos el único país que está sufriendo por las consecuencias de la pandemia, el alza de las tasas de interés de la Fed y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, si un paciente está sufriendo una enfermedad de la cual se puede curar, la finalidad sería darle un buen tratamiento, no empeorarlo con un tratamiento equivocado. 

Esto para decir, que si la economía colombiana, como muchas otras, está enfrentando una crisis, lo correcto es que el gobierno se tome en serio las consecuencias de sus declaraciones y sea responsable con los efectos que ellas pueden tener sobre los inversionistas, sobre la devaluación del peso y la capacidad adquisitiva de los colombianos. Mientras José Antonio Ocampo ha hecho un trabajo juicioso y responsable para contener las declaraciones de la ministra de Minas y del presidente Gustavo Petro, estos últimos se han tomado todo tipo de libertades para generar tal nivel de incertidumbre que solo hasta cuando se están dando cuenta de que la crisis es inminente han decidido salir a dar declaraciones de calma sobre los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Declaraciones que, por cierto, no son unívocas y siguen dejando todo tipo de incógnitas sobre el futuro de la economía del país. 

No sobra decir que, si bien en estos primeros meses el gobierno ha contado con el poder institucional y popular para avanzar con reformas difíciles de asumir como la tributaria, no debe creerse todopoderoso ni seguir tensando la cuerda, pues como la economía siga con el ritmo en el que va, aquellos que le han dado su apoyo -incluso reconocidos economistas del país- se lo irán quitando, como ha ocurrido con otros líderes de izquierda latinoamericanos. Porque si algo está claro es que el límite político de cualquier gobierno socialdemócrata no son las reformas sociales que quiera impulsar, las cuales pueden contar con más o menos apoyos, sino la situación económica de los países, las cuales son definitivas para la gobernabilidad de un presidente. 

El presidente debe asumir su papel como tal, dejar de lado declaraciones que parecen más propias de alguien de la oposición que de un presidente que tiene mayorías en el Congreso. Si la opinión pública y los expertos advierten, con toda la razón, que la economía va mal y que no es un asunto asociado exclusivamente a factores externos, no es porque sean sectarios ni quieran minar su gobierno con mentiras, sino porque hay una honesta preocupación por el futuro de Colombia. El gobierno debe tener absolutamente claro que el único matrimonio indisoluble es el de la economía y la política. 

@tatidangond 

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