No es una novedad para los colombianos que nos tengamos que enfrentar a negociaciones complejas y ceder en concesiones legales, que en un estado normal de las cosas no serían objeto de discusión, desde diferentes procesos de justicia transicional hasta acuerdos para lograr un armónico funcionamiento de la economía en medio de paros nacionales. Basta leer mis pasadas columnas para reconocer que el entendimiento y la empatía hacia las causas sociales que se defienden en el actual Paro Nacional son personalmente respaldadas, pero creer que para que una protesta social tenga eco nacional resulta necesario generar bloqueos a lo largo y ancho del país resulta aberrante. Al gobierno nacional se le ha puesto contra la espada y la pared al pedirle que si las peticiones del Comité del Paro no se cumplen no se levantarán los bloqueos que se presentan en las diferentes rutas productivas del país.

Esta forma de protestar no afecta al gobierno, afecta a los campesinos, a los generadores de empleo y al desarrollo de nuestras zonas rurales –que, por cierto, son las más pobres del país- imposibilitando que los productos primarios que necesitan los colombianos lleguen a sus lugares de destino. Negociar con los bloqueos no es estratégico, pues muestra que el Comité del Paro prefiere someter a Colombia a una crisis económica superior, antes que entender que la realidad del país amerita unión y discernimiento sobre lo que queremos hacia el futuro. No podemos pretender pedirle a Duque acceso universal a la educación y empleo para los jóvenes, si para llegar a ello se pretende destruir las posibilidades de consolidar un país exportador y productivo.

Los bloqueos en Colombia no representan un tema menor; en las últimas semanas hemos perdido alrededor de 1.300 millones de dólares como consecuencia de esta actividad ilícita y contraria a la voluntad de los miles de marchantes que salen a las calles a pedir justicia social. Quiero asumir que la mayoría de jóvenes colombianos que salen a las calles a pedir cambios estructurales en materia de política social desconocen que quienes dicen ser sus representantes negocian con el bloqueo de las principales arterias de Colombia y que, con ello, solo están provocando un mayor empobrecimiento del país. En cualquier caso, si todavía no conocen el impacto que tienen estos bloqueos, vale la pena resaltar que los más perjudicados son aquellos que no deberían verse afectados sino beneficiados por este Paro.

Resulta inadmisible seguir negociando a costa de los bloqueos como si fuera una forma legítima de proceder, cuando a todas luces no solo es ilegal sino también perjudicial para llegar a un objetivo común: equidad para los colombianos. El gobierno hace bien en no negociar con los bloqueos, porque el país no puede someterse a quienes dicen representar a la protesta social y para ello apoyan todo tipo de ilícitos, como los bloqueos, a pesar de lo que esto pueda afectar al país. Es necesaria una protesta social responsable, pero sobre todo, un Comité inteligente que sepa diferenciar entre lo conveniente y entre lo que resulta lesivo para la Colombia.

@tatidangond