Como se recordará, Air-e fue intervenida en septiembre del año pasado, a solicitud de la propia empresa, motivada en su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja. El objetivo, entonces, de la intervención era darle a Air-e la solvencia, liquidez y flujo de caja requeridas, que le permitiera operar y prestar el servicio de energía a sus 1.2 millones de usuarios. La deuda de Air- e con las generadoras de energía, desde la intervención, al corte de mayo, por energía contratada es de $2.5 billones.
El Ministerio de Hacienda, gracias a la presión ejercida por los organismos de control (CGR y PGN), accedió a girar recientemente $1.5 billones para abonarles a las empresas comercializadoras lo correspondiente a la deuda de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1,2 y 3 con corte a diciembre 31 del año anterior. De esa suma le ingresaron solo $233.100 millones a Air-e. Huelga decir que sigue pendiente la deuda por concepto de la opción tarifaria, cuyo saldo a la fecha es de $3.3 billones!
Tanto el ministro de Minas y Energía y exagente interventor, Edwin Palma, como la última agente interventora Diana Bustamante le urgieron al superintendente Yanod Márquez la inyección de recursos para evitar que la empresa colapse. “un ‘salvavidas financiero’ para poder cumplir con las obligaciones con las generadoras y proveedores”, le pidió Bustamante e insistió en que “esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa”
Por su parte el ministro Palma le planteó, a comienzos del mes de mayo, que “sin un respaldo económico podría haber un apagón. Según el documento, si el fondo empresarial de la Superintendencia no respalda financieramente a Air-e, la operación de la compañía se volvería inviable, lo que podría provocar un apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira. También señala que las medidas administrativas actuales no son suficientes”, por lo que solicita a la Superintendencia tomar “los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento por parte de Air-e de sus obligaciones”.
La respuesta del superintendente ha sido que el fondo empresarial, que es el mecanismo que sirve de conducto para darle solvencia, liquidez y caja a las empresas intervenidas, estaba desfinanciado. Según él “la mayor responsabilidad mía no es conseguirle plata a Air-e, eso no es cierto”. Y añadió: “Este gobierno no tiene recursos, a la Superintendencia nadie le ha asignado unos recursos, tampoco le han asignado una forma de conseguirlos ni garantías”.
En síntesis, la Superintendencia de Servicios Públicos en lugar de ser parte de la solución se ha convertido en el problema. Y lo más grave es que la situación por la que atraviesa Air-e es solo la punta del iceberg y puede llegar a convertirse en la primera ficha en caer de un efecto dominó que nos conduzca a una crisis sistémica, que arrastre consigo a los demás eslabones de la cadena, ahora en la cuerda floja, mucho más difícil de sortear!
