La indignación y el dolor de la ciudadanía ante los casos de violación de niñas y niños son sentimientos legítimos, lo que no es legítimo es que los políticos jueguen con las emociones de las personas para promover medidas de populismo punitivo que no solucionan los problemas de violencia sexual que enfrenta la sociedad. La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la reforma que habilitaba la cadena perpetua en Colombia, es una decisión que se da desde la razón y que busca la vigencia del Estado Social de Derecho, sistema que ha sido el pilar de nuestro orden democrático y constitucional. A juicio de la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional, esta reforma constitucional que afectaba una disposición expresa de la Constitución de 1991 que establece la prohibición de penas de destierro, prisión perpetúa y confiscación, implicaba una sustitución de la constitución, en tanto es contraria al espíritu constitucional de dignidad humana y al propósito de resocialización de la pena.
Es probable que la decisión de la Corte sea contraria a la voluntad popular, pero lo cierto es que la función del alto tribunal no es responder a lo que el pueblo considere, sino a la garantía de la Constitución Política y de los valores axiológicos en los que esta se funda. Todo este enrede constitucional que somete a la ciudadanía a la zozobra, es el resultado de un Congreso que desconoce cuáles son los verdaderos problemas de la justicia colombiana y de la protección de los niños y niñas del país. El problema de la violencia sexual contra menores en Colombia no se deriva de la extensión de las penas para los violadores, sino de la rampante impunidad que beneficia abiertamente a los victimarios y que deja a merced de la impotencia y de la injusticia a las víctimas de esta conducta.
Colombia está entre los primeros 10 países con mayor impunidad en el mundo, con un sistema de justicia penal cuya incapacidad para investigar, juzgar y sancionar es mezquino y anómalo. A esta situación de impunidad generalizada se le suma un sistema penitenciario en el que la resocialización es virtualmente imposible, por la situación precaria en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, de quienes se espera que en medio de un hacinamiento insostenible, puedan integrarse algún día a una vida en la legalidad.
La protección de los niños y niñas colombianos debería ser la prioridad en cualquier medida que se pretenda tomar para acabar con el abuso y la violencia a la que se encuentran expuestos en una sociedad que ha perdido el horizonte. El Estado debe replantear su política de protección de menores, desde aquellos que se encuentran en entornos familiares violentos, hasta quienes están expuestos a los grupos armados y delincuenciales a lo largo y ancho del país. Ahora, proponer un referendo para la cadena perpetua es llevar un debate que se debe dar desde la razón y no desde la emoción.
@tatidangond
