La política actual del Gobierno Nacional respecto al cambio climático es un despropósito absoluto. Hablemos del tema sobre estos tres ejes en términos sencillos, claros y comprobados técnica y científicamente:

1. Colombia no alcanza a producir el 0,57% de las emisiones de CO2 en el mundo; 2. Los dos sectores que más contaminan en el país son el transporte y la agricultura; 3. La explotación de recursos naturales no renovables es lo que nos garantiza la autosuficiencia energética. Partiendo de esta realidad y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que obviamente deben implementarse gradualmente, cuestionemos por qué el Gobierno Nacional toma decisiones tan radicales como prohibir la exploración de petróleo, suspender los pilotos de fracking, inviabilizar los procesos de licenciamiento ambiental de concesiones mineras vigentes y, ahora, prohibir la exportación de carbón.

Todo esto mientras no destina recursos para salvar los sistemas de transporte masivo quebrados en todo el país, no tiene un programa claro de transición energética en los procesos agrícolas, y ni siquiera ha implementado procesos de transición reales en la industria petrolera. Es muy extraño. ¿Qué hay detrás del discurso del cambio climático? Pensemos en algo: supongamos que Colombia es carbono neutro. Esto significa que se reduciría un 0,57% de las emisiones mundiales de CO2, que a su vez significa que no pasaría nada transformador para el mundo, y para que eso ocurra, por ejemplo, tendríamos que tener todos los vehículos eléctricos en el país, y los procesos productivos de todas las industrias deberían estar completamente ajustados a la economía circular, con plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el territorio nacional y parques tecnológicos en todos los rellenos sanitarios. ¿Es probable que esto suceda? No, o al menos no en los próximos 100 años. Colombianos, esto al parecer no se trata del cambio climático ni de la guerra entre Israel y Palestina, en donde se pone de excusa a los niños, mientras se apoya, al mismo tiempo, la dictadura de Maduro que ha generado 8 millones de migrantes venezolanos.

Creo que este Gobierno nos ve como un número, un dato, un cliente. Somos 52 millones de usuarios que serán trasladados a otras empresas proveedoras de gas, combustible y energía, probablemente empresas venezolanas. ¿De esto se trata? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas venezolanas? No seamos tan ingenuos. ¿Qué diferencia hay, ambientalmente hablando, entre explotar recursos naturales en Venezuela o en Colombia, cuando lo único que nos separa son 300 kilómetros del Magdalena Medio en Colombia? Este gobierno nos ve como clientes, no como ciudadanos. Que la academia reaccione, que los gremios de ingeniería se pronuncien, que los mandatarios locales hablen y que los congresistas se manifiesten. ¿Es esto la transición energética? ¡No nos crean pendejos!