En las recurrentes zozobras que nos genera el río Magdalena solemos terminar todos de bateadores suplentes. Suplentes de una institucionalidad inexistente, o atomizada y deficiente. Al no haber una entidad con responsabilidad integral, sin esguinces, sin excusas de si se trata de un sitio fuera de la desembocadura o no, de si se trata de un área de navegación marítima o no, de si se trata de navegación fluvial o no, de si se trata de contratar un diseño, o un dragado, o una obra rígida, de si se trata de un riesgo ambiental o no. Y al no haber una responsabilidad continua, permanente, sin la humillante declaración de calamidad que debe hacer el gobierno local, como pre requisito a la absurda declaración de urgencia del gobierno nacionalpara cumplir una ley de la república. Pero no, aquí nos vemos abocados a reaccionar ante una alarmante filmación de un dron, o de un parapentista, de la declaración del gobernador luego de un sobrevuelo, o ante un tweet del alcalde o de un parlamentario diligente. Aquí no hay lugar a lo preventivo, solo a la crispación. Y en ese momento el vacío lo llenamos los suplentes: Los navieros, los portuarios, los marineros, los importadores, los exportadores, los comerciantes, los industriales, los académicos, los dirigentes gremialesde esas actividades o profesionesafectadas y los mismos gobernantes locales, la mayoría amateurs en las complejidades hidráulicas y jurídicas del caso.
Ahora la irrupción del islote de varios kilómetros frente al malecón revela que la nueva vocación turística de Barranquilla tampoco está a salvo de las vicisitudes y caprichos del río y que la navegación fluvial que acompaña esa promisoria actividad económica demanda la misma vigilancia, previsión y acción que las actividades comerciales e industriales asociadas a la tradición portuaria de la ciudad.
No más. Necesitamos una autoridad integral respetable y una empresa operativa confiable, que trabaje ininterrumpidamente en el estudio, el diseño y la ejecución de los servicios las obras que se requieran y de su mantenimiento permanente. Y si esa empresa ha de ser,por la próxima década,el contratista de la nueva APP del río, hay que apurar la marcha del proceso de adjudicación. Ya se cumplieron 10 meses del comienzo del nuevo gobierno, plazo inicialmente considerado adecuado para la elaboración de pliegos y apertura de la licitación. Ahora entendemos que esto puede tomar hasta finales de este año. Si a ese hito agregamos la evaluación, adjudicación y cierre financiero, habrá que esperar un año adicional para el despliegue en el terreno del nuevo contratista. Por tanto hay que garantizar una draga permanente por año y medio, lo cual hasta ahora ningún gobierno ha hecho desde que se expidió la ley 1ª de 1991, que obliga al estado colombiano a hacer eso y más. La ministra, Ángela María Orozco, el viernes pasado jugando de local, se comprometió a lograrlo. Enhorabuena. Acompañémosla en esa gestión.
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