Duque tuvo un respiro de gobernabilidad durante el confinamiento. Pudo evitar el paso por el Congreso, tan díscolo y retrechero después de que se le pusiera freno a la mermelada que repartiera Santos de manera tan abundante, y atendió mediante decretos la crisis sanitaria y sus efectos económicos. Y no tuvo que enfrentar disturbios y manifestaciones en las calles, como las que hubo a fines del año pasado y con menor intensidad a principios de este, porque la gente estaba encerrada.

Pero era presumible que, relajada la cuarentena, volvieran las manifestaciones. Primero, porque el aumento agudo del desempleo durante el confinamiento, casi el doble que al principio del año, y de la pobreza, que agregará 7.3 millones más de pobres, para terminar el 2020 con dos de cada cinco colombianos en semejante situación, moverá a más ciudadanos a movilizarse. Después, porque las guerrillas viene desde el 2019 intentando implementar en Colombia la misma estrategia de articulación molecular y violenta que en Chile. Finalmente, porque la izquierda radical y Petro buscan erosionar al Gobierno y minar su legitimidad a través de protestas violentas, con miras a facilitar su llegada al poder. Incendiar el país y que corra sangre, que siempre atribuirán al Estado, es parte fundamental de su estrategia.

No hay que equivocarse. El ataque simultáneo en diferentes puntos de la capital, de los CAI de la Policía, no fue espontáneo sino coordinado. Aprovechó la indignación ciudadana, pero estaba organizado. 

De manera que la tranquilidad duró poco. El narcotráfico está más boyante que nunca. Los grupos armados ilegales que se alimentan del mismo, incluyendo “disidencias” y “reincidencias”  guerrilleras, muy bien financiados.  Las redes de milicianos  en plena operación, entre ellas las de las Farc, a las que nunca se les exigió que las identificaran y desmovilizaran. Un sector de la ciudadanía, castigada con dureza durante la cuarentena y que hoy sufre desempleo y hambre, impaciente e irritado. Todo ello sazonado con el discurso incendiario de la izquierda que hoy se encubre tras el “progresismo”.

Para rematar, el abuso policial. A los responsables hay que juzgarlos prontamente y con severidad. Pero es absolutamente injusto extender a toda la Policía la culpa por el exceso de fuerza de unos de sus integrantes. La inmensa mayoría de los 167 mil miembros del cuerpo policial respeta la Constitución y la ley y protege a los ciudadanos. Es como señalar a todos los profesores porque algunos maestros hayan sido acusados por abuso sexual de menores. Hecha la precisión, era previsible que se usara el episodio para cargar contra toda la Policía. Son muchos los que buscan el debilitamiento de la imagen, de la institucionalidad y de la autoridad de la Fuerza Pública.

El coctel explosivo perfecto. Narcotráfico, conflicto armado vivo, delincuencia común disparada y unos sectores ciudadanos enardecidos por el desempleo y la pobreza que se prenden con cualquier chispa.

El Gobierno no parece darse cuenta de lo que le corre pierna arriba. Se percibe débil, frágil, temeroso. Y el miedo lo pueden oler las hienas, dispuestas a abalanzarse sobre la presa a la menor oportunidad. Estamos a las puertas del infierno.