Pareciera que en Colombia sucediera todo lo malo que pudiera ocurrirle a una nación. Entre tanto, el colombiano ya no se asombra ante el amplio espectro de corrupción, ofrecido sin excepción ni remordimiento de gobierno alguno.

De hecho, en Colombia históricamente han sucedido todas las malas prácticas políticas conocidas en el planeta, ante lo cual pareciera que el ciudadano hubiera perdido su capacidad de asombro.

Los colombianos a fuerza hemos tenido que acostumbrarnos a ser vinculados en el contexto mundial, con un estado gobernado presuntamente por la narcopolítica, parapolítica, farcpolítica y carteles políticos corruptos de todos los pelambres.

A tal vergüenza nos ha llevado la corrupción administrativa, que el colombiano se ve obligado a hacer filas “especiales” y ser auscultado, en inmigraciones, hasta la saciedad, solo por mostrar su pasaporte en los aeropuertos del mundo.

La corrupción administrativa tiene un aparte especial en las interceptaciones ilegales, presuntamente ordenadas desde el alto gobierno, conocidas como el fenómeno de las “chuzadas”, sucedidas en gobiernos pretéritos como en la actualidad.

Delitos de violación a la intimidad, orden público y seguridad nacional, investigados “exhaustivamente”, sin resultados, inacabados, nada ejemplarizantes, constitutivos de elaborados monumentos a la impunidad y falta absoluta de verdad.

En cambio, en Estados Unidos el escándalo Watergate, que incluía el acoso a opositores políticos, a personas o funcionarios considerados sospechosos e interceptaciones ilegales, conllevaron la renuncia del presidente Nixon, consecuente a una investigación del Senado que destapó la verdad.

Infortunadamente en Colombia pareciera “nada pasara” frente a hechos delictivos de tanta identidad. De un lado, no se avizora la voluntad política necesaria para llegar a la verdad, de otro, la administración de justicia se ve sitiada en su independencia, paradójicamente por las “chuzadas” en sí mismas.

La chuzadas ayer y hoy, representan un abominable tiro de gracia a la democracia colombiana. En particular, a su Estado de Derecho, a la independencia de sus poderes públicos, a la libertad y confianza ciudadana.

Es inaceptable, hacerse los de la vista gorda frente a las interceptaciones ilegales, “chuzadas”, que resquebrajan los derechos fundamentales de: funcionarios, ciudadanos, líderes sociales u opositores, solo por sospechas o por el hecho de ejercer su derecho ciudadano a opinar diferente.

Se debe garantizar la independencia del poder judicial para que pueda sancionar ejemplarmente a los perpetradores de las interceptaciones ilegales. Por supuesto, para que se conozca la verdad de quienes son sus determinadores y sus opacos móviles.