Hace unas semanas realizamos junto al Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte la divulgación de los resultados de un estudio en donde analizamos el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la ciudad en relación a los indicadores de seguridad. Si bien Barranquilla ha realizado esfuerzos y presentado avances en algunos indicadores de seguridad, aún existen importantes desafíos por superar.
Para alcanzar las metas contempladas en dicho plan, el gobierno local propuso cumplir con 11 programas que involucraron a 47 proyectos y 101 metas. Se encontró que 6 de los 11 programas tenían un porcentaje de cumplimiento igual o superior al 75% de lo esperado a 2023. Además se identificaron proyectos críticos que han sido implementados en un 50% o menos, los cuales se consideran relevantes para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, tales como la “creación y dotación de unidades móviles para la prestación de los servicios de justicia cercana al ciudadano”, “apoyo en la reubicación de la cárcel de Barranquilla” y el “diseño e implementación de estrategias de cultura, educación, en derechos humanos y paz”.
Dentro de las recomendaciones planteadas fueron establecidas la urgente necesidad de reorientar la política de seguridad de la ciudad, en donde el fortalecimiento del aparato judicial sea uno de los objetivos principales para lograr disminuir la ocurrencia de acciones criminales, esto debe de ir acompañado de una política nacional de seguridad ciudadana que responde a las diferentes condiciones y problemáticas regionales, y en donde instancias como universidades, centros de pensamiento sociedad civil pueden contribuir en esta reorientación y formulación de iniciativas locales que permitan mejorar su eficiencia y eficacia en el corto y largo plazo. Además de lo anterior, se sugirió la articulación de esta política con la de seguridad, defensa y convivencia ciudadana “Garantías por la Vida y la Paz 2022-2026” para aprovechar sus herramientas de seguridad nacional y establecer una hoja frente a los eventuales riesgos de la paz total. La organización estatal, resulta trascendental en la alineación específica de dicha política para garantizar la unidad y cohesión necesaria de su aplicación en el territorio nacional. Para mayor información puede consultarse el documento en nuestra página.
* Directora de Fundesarrollo
