El 9 de septiembre de 2020 el país se levantó con un video escalofriante donde se veía claramente como dos policías en un exceso de fuerza atacaron a un ciudadano que ya rendido en el piso y suplicando que no lo golpearan más terminaron asesinándolo, la víctima un estudiante de derecho, Javier Ordóñez, este hecho desencadenó en un rechazo nacional que terminó hechos violentos y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

Este asesinato puso sobre la mesa la necesidad de replantear los procedimientos que la Policía debería utilizar frente a los ciudadanos para evitar que se repitieran estos hechos, pese a todas las críticas y la crisis no pasó nada, y la prueba de que nada cambió fue todos los videos durante los meses del paro nacional donde policías atacaban y disparaban los gases lacrimógenos dirigidos a los cuerpos de los manifestantes, policías disparando sus armas de dotación a la multitud indiscriminadamente, y hasta policías pateando periodistas en el piso, tan alto fue el nivel de represión y abuso policial que vinieron al país funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Organización de los Estados Americanos, y  se dieron fuertes pronunciamientos de rechazo por parte  de la Unión Europea, Parlamentarios alemanes, norteamericanos y hasta el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció preocupado por la violencia y represión policial. 

Cuáles eran los cambios que se esperaban de la policía y que no pasaron y creo que no pasarán, aquí cuatro reflexiones:

Primero. Regresar a sus roles y funciones, el conflicto armado hizo que la Policía de Colombia tuviera una participación activa en las dinámicas de la guerra hecho que impactó en que tuviéramos una policía con una lógica militar, una cultura militar, y unas capacidades militares, y perdió su naturaleza de cuerpo civil armado, la forma de recuperar por completo sus roles y funciones y no perder de vista su objetivo y su naturaleza que es la seguridad ciudadana es poder crear un ministerio de seguridad pública donde se trabaje toda la política de seguridad y criminalidad a nivel ministerial con la policía en su propio ministerio, este sería un avance y busca estándares internacionales. 

Segundo. Cambio de doctrina policial, y eso parte de desideologizar la fuerza pública, que sigue en lógicas propias de la guerra fría, pensando en el mundo bipolar de la derecha contra la izquierda, y no bajo la lógica de brindadores de un servicio público que se llama seguridad independiente de la posición política del ciudadano. 

Tercero. Una transformación radical en el cumplimiento y defensa de los derechos humanos, pese a que en los cursos de ascenso ven materias de derechos humanos en la práctica y en la realidad siguen viendo los derechos humanos como una limitante y una camisa de fuerza y no como un valor que les da legitimidad. 

Cuarto. Paso un año de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez y nada cambió, más allá de estrenar uniformes la policía en materia de derechos humanos no cambió y desde el gobierno nacional tampoco le interesó que existieran cambios serios y reales en la materia, Colombia en el escenario internacional sigue siendo cuestionada como uno de los Estados donde más se violan los derechos humanos y donde su gobierno pese a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los derechos humanos no hizo nada, en conclusión el asesinato de Javier Ordóñez no cambio nada, un doloroso final.