Los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, fueron la estrategia que se desarrolló dentro de los acuerdo de paz de La Habana para que se pudiera generar una fórmula de presencia estatal en las zonas y municipios más azotados por la violencia, se estipularon 16 zonas PDET donde el Estado tenía que intervenir de manera interagencial, quiere decir donde la presencia estatal no se limitará a una presencia policial y militar sino que llegará con infraestructura , salud, educación, portafolios de economías legales y llevar así finalmente la presencia del Estado para disminuir la violencia.
Las críticas frente al avance de esta implementación eran constantes desde diferentes sectores, por su parte, Emilio Archila consejero presidencial encargado por el presidente Iván Duque para la ejecución de los PDET afirmaba que todo iba muy bien y sacaba unas estadísticas con fuentes de su oficina, Archila aseveraba que para los PDET se tenían 12,5 billones de pesos, y como él mismo lo afirmó en una entrevista con María Jimena Duzan “ eso es un tarrado de plata”, pues en medio de ese tira y afloje entre el gobierno y las organizaciones por la implementación de los PDET en días pasados Valeria Santos y Sebastián Nohra, periodistas de Blu Radio denunciaron cómo se habrían robado más de 500 mil millones de pesos de la paz, se habrían robado ese dinero en alrededor de 355 proyectos PDET.
El presunto hurto fue así: el organismo que escoge los proyectos que se van a ejecutar en las zonas PDET es el OCAD- Paz, las comunidades creaban los proyectos a partir de sus necesidades, estas pasaban los proyectos a las alcaldías y estas a su vez radicaban al OCAD-Paz, según las investigaciones de los periodistas los proyectos para que pasaran necesitaban un padrino político, un congresista que cobraba por la intermediación, pero también funcionarios de Planeación Nacional y de la Contraloría pedían su tajada, lo que hacían finalmente es que los sobre costos de las coimas de corrupción se las cargaban al proyecto, desde 2019 a 2022 el OCAD Paz aprobó 6.6 billones de pesos en proyectos, en 2019 aprobó un billón, en 2020 un billón, y en el 2021 dio el salto a 4.4 billones de pesos, y ahí se les acabó todo el dinero, según la investigación periodística de estos 6.6 billones que se aprobaron se habrían robado 500 mil millones entre diferentes funcionarios, congresistas, alcaldes y gobernadores, según Valeria Santos y Sebastián Nohra a partir de sus fuentes por cada proyecto cobraban el 12%, distribuido así, el 2% para la contraloría, el 5% para congresistas y el 5% para los funcionarios de Planeación Nacional. Emilio Archila en entrevista con Caracol Radio dijo, “En lo que se debe a mis funciones hice lo que me correspondía.
Ahora, los recursos una vez son aprobados en el OCAD-PAZ, son entregados a los municipios y son estos territorios, los que deben hacer esta inversión… Yo no tengo claro de dónde sacan la cifra de los 500.000 millones de pesos” Naciones Unidas y el gobierno de los Estados Unidos se pronunciaron frente a los presuntos hechos de corrupción pidiendo una investigación rápida y de resultados, el periodista Sebastián Nohra denunció amenazas de muerte en su contra y la fiscalía anunció investigaciones al respecto, si estuviéramos en un país serio esto sería un escándalo muy grande con muchos delincuentes en la cárcel pero sabiendo que el Fiscal General ha estado al servicio de su mejor amigo Iván Duque para tapar escándalos como los de la nene política que lo acaba de archivar es evidente que este nuevo robo a la paz va a quedar en total impunidad.
@nestorrosania
