Colombia sigue siendo uno de los países donde más se violan los derechos humanos en el mundo, uno de los lugares más peligrosos para ejercer la protesta legitima, el liderazgo social y el periodismo, un país donde el riesgo no solo proviene del narcotráfico, los grupos armados ilegales de guerrillas y paramilitares hoy en disidencias sino del mismo Estado.

En esta semana se han publicado dos informes avalados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que dan cuenta sobre el asesinato de inocentes a manos de agentes de la fuerza pública.

El primero es la “Relatoría de esclarecimiento del 9S” investigación que fue a pedido de la Alcaldía de Bogotá con el apoyo de Naciones Unidas, la relatoría da cuenta que producto del asesinato de Javier Ordoñez a mano de dos policías y que dio origen a un estallido social, se produjeron 14 asesinatos, 11 de ellos atribuidos a la Policía Nacional, razón por la cual la Alcaldesa Claudia López no dudo en calificar esto como una “masacre policial”.

El segundo documento realizado en su totalidad por Naciones Unidas titulado “El paro nacional 2021, lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, muestra una radiografía de los hechos sucedidos del 28 de abril al 31 de julio en el marco del paro nacional, el mismo informe comienza diciendo que este se construye “a partir de observación e información recopilada y contrastada, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, donde “la Oficina identificó un conjunto de situaciones, acciones y/u omisiones de agentes del Estado, en particular integrantes de la Fuerza Pública en el transcurso de la protesta, incompatibles con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos.

Asimismo, algunos casos documentados ilustran las acciones y/u omisiones del Estado frente a la actuación violenta de personas vestidas de civil contra manifestantes” y agrega “de la información recopilada y analizada por la Oficina, hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo. Dentro de la observación realizada por la Oficina se encontraron casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

Cabe recordar que el informe de la Comisión Interamericana de los de Derechos Humanos de la OEA, saco un documento de recomendaciones en la misma línea y denunciando los mismos hechos, frente a este nivel de denuncias por entidades internacionales es clara la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública y ante estos graves hechos la respuesta del gobierno en su conjunto desde el presidente, la canciller, los ministros, el partido de gobierno en pleno y los seguidores del uribismo ha sido salir a atacar a Naciones Unidas, atacar a la alcaldesa, descalificar los 3 informes y respaldar irrestrictamente a la policía, guardando silencio frente al material probatorio y las victimas, cuando la dictadura de Maduro atreves de la represión policial asesino estudiantes salieron a condenarlos pero cuando los muertos son en las calles de Colombia culpan es a quien denuncia, conclusión en Colombia y Venezuela violan los derechos humanos por igual.