Las noticias de esta semana me han dejado con una sensación de impotencia. Una impotencia similar a la que sentimos con el tema de Venezuela, viendo a un régimen hacer lo que quiere y desestimando a la gente. Algo parecido está ocurriendo con el primer cobro de valorización nacional en la historia de nuestro país. Me pregunto, ¿qué le habremos hecho al presidente en la región Caribe, que quiere que seamos los conejillos de indias, sacándonos 2.2 billones de pesos del bolsillo de los atlanticenses y bolivarenses para dárselos al resto del país?
Es incomprensible que el primer cobro en la historia de este tipo de contribución en el país sea uno que genera tantas dudas e injusticias. Nunca se había visto que un tributo se cobrara de manera retroactiva: la obra comenzó en 2014, mientras que la ley que permitió este cobro de valorización nacional se promulgó en 2016; la obra terminó en 2021, y las resoluciones para el cobro salieron en 2024. Y si el objetivo es buscar recursos para financiar obras a nivel nacional, existen otras obras sin dudad jurídicas para hacerlo, como la ruta del cacao entre Bucaramanga y Barrancabermeja que comenzó su construcción en el 2017 y no se le está cobrando valorización. ¿Será un odio centralista de este gobierno hacia la región Caribe?
Más allá del odio, se siente como un maltrato sistemático en contra de los atlanticenses, ya que las resoluciones recién expedidas ampliaron el rango de influencia del cobro a 5 km, lo que prácticamente lleva a cobrarle a personas que viven sobre la calle 82 en Barranquilla. Y peor aún, la ministra, en tono desafiante, dice que comenzará a cobrar en agosto y que de esos 2.2 billones de pesos recaudados, ofrece el 50% de los recursos a quienes los generan, como si la valorización permitiera esa posibilidad.
Pero sin duda, lo más doloroso de todo, es el momento que están escogiendo para empezar con estos cobros. Parece que no basta con los altos costos de la luz, la inseguridad, la falta de empleo y en general la difícil situación económica que está viviendo la gente. Este cobro se llevará por delante a todos. Definitivamente parece que la gente del caribe no es la prioridad del gobierno del cambio.
Por eso, aplaudo las demandas interpuestas por Dumek Turbay, alcalde de Cartagena y por Camacol Atlántico, y la acción popular de Carlos Meisel, que con su liderazgo nos están defendiendo, pero ojalá vayamos más allá y pongamos a disposición de la gente un modelo de demanda tipo, para que cuando cualquier ciudadano reciba la factura con el cobro de valorización, inmediatamente lo demande, frene su cobro y así evitar que se nos lleven la plata que luego va a ser muy difícil recuperar.
Al final, no se trata de oponerse a la valorización en sí misma, sino de oponerse al momento elegido para cobrarla, a la ilegalidad y retroactividad de la misma en este caso puntual, y, principalmente, a la condición centralista de ver al Caribe como un hijo de menos madre.
