La reforma agraria ha vuelto a cobrar relevancia en los últimos días. Con el reciente cambio de ministra de agricultura y declaraciones como las de Jorge Robledo, abogando por renegociar los TLCs (como si la solución a los problemas del agro colombiano estuviera en cerrar las puertas a un mercado como el americano), se ha reavivado el debate. Sin embargo, la verdadera problemática de nuestro agro es simple: no es productivo.

Y no es difícil entender porque: imaginemos un mercado en el que los precios de venta no suben (el precio del maíz es el mismo en el 2014 que en el 2024) porque todos queremos que los precios de la comida sean bajos, y debe ser así. Pero del otro lado está ese campesino que no puede aumentar los precios, mientras los insumos para producir, como fertilizantes, plaguicidas y semillas tecnificadas, en su mayoría importados, no tienen control de precios. La única forma de combatir esta paradoja del campo es produciendo más toneladas por hectárea.

Con este gobierno se generó una esperanza para el agro, pero toda esa voluntad se diluyó, porque el debate se ha centrado en la compra de tierras. Históricamente, la narrativa de la reforma agraria en Colombia ha girado en torno a la tierra, independientemente de si el gobierno es de izquierda o derecha. Este enfoque equivocado, ha llevado en los dos últimos años a que el gobierno invierta 2.2 billones de pesos para comprar 112.000 hectáreas de tierra, una inversión inclusive, cuestionada por posibles casos de corrupción.

Pero más allá de eso, sería más lógico destinar esos 2.2 billones de pesos directamente a los campesinos a través de créditos asociativos. Así podrían sembrar ya, en tierras arrendadas con opción de compra a 30 años o de propiedad del Estado. Y si, por ejemplo, sembraran maíz, cuyo costo de producción por hectárea con tecnología es de aproximadamente 10 millones de pesos, con esos billones invertidos en tierras, se podrían haber sembrado 200.000 hectáreas de maíz, cada hectárea produciendo 5.51 toneladas según cifras del MADR, y con un precio de venta de $1.4 millones por tonelada según Fenalce, esto generaría un ingreso de $1.547 billones por cosecha, beneficiando directamente a los productores y al PIB del país.

El agro colombiano necesita convencer rápido a los jóvenes que en este sector existe una posibilidad económica. Si continuamos con la visión actual de la reforma agraria, solo estaremos entregando un patrimonio a unos cuantos campesinos que terminarán vendiéndolo al mejor postor. El agro seguirá siendo la cenicienta de la economía colombiana y en un futuro muy cercano no habrá quien quiera trabajar la tierra.

Esperamos que la nueva ministra logre enfocarse en sembrar y generar riqueza para los campesinos. Ojalá redireccione las políticas para cumplir ese objetivo de convertirnos en la despensa agrícola del mundo, que de paso requiere muchos TLCs que nos permitan tener mercado suficiente para alcanzar ese sueño.