El reciente piloto del nuevo sistema de salud para los profesores en Colombia ha revelado problemas estructurales más profundos de lo que nos quiere hacer creer y que van más allá de las chambonadas en su implementación o los supuestos sabotajes por parte de Fiduprevisora, los medios y los políticos tradicionales, como sugiere FECODE tras su junta extraordinaria.

La cuestión central radica en que, en un país donde el 85% de la red hospitalaria es privada como Colombia, no es viable imponer un control público completo de manera repentina. Este tipo de modelo requiere negociaciones con la red privada, los médicos y los proveedores de medicamentos, y establecer precios competitivos para cada procedimiento, una tarea desafiante. En países como España, el 70-80% de la red hospitalaria es pública y la coordinación está centralizada. Sin embargo, incluso allí el sistema no es perfecto, el 41% de los pacientes espera más de tres meses para una cita con un especialista, según La Vanguardia. Ser público no es la solución a todos los males.

La realidad es simple: los recursos disponibles por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), $1.256.076 por ciudadano, resultan insuficientes para el modelo idealizado por el gobierno. Las EPS desempeñan un rol crucial al gestionar estos fondos limitados, priorizando la atención con base en la "administración del riesgo". Esto significa que deben garantizar la cobertura y atención a todos los ciudadanos dentro de las restricciones presupuestarias, lo que a menudo implica limitaciones en el número de médicos, especialistas y en la entrega de medicamentos.

La reciente decisión de SURA de retirarse del sistema, enfocándose en sus clínicas debido a la previsión de recursos insuficientes, subraya las dificultades financieras y operativas del modelo actual. Esta situación ya afecta gravemente a los maestros: los hospitales y distribuidores de medicamentos no están dispuestos a firmar contratos con el gobierno a precios que les generen pérdidas, menos aún cuando oyen mensajes del Ministro diciendo que atiendan tranquilamente, que después NO les van a pagar.

La desconfianza y la falta de coordinación están conduciendo a un modelo público similar al del pasado (seguro social), donde la atención se brindaba solo hasta que se agotaban los recursos y había deudas con los médicos, los proveedores de medicinas, y con un resultado final nefasto donde no se atendían ni los tratamientos más críticos.

Es crucial que el gobierno reconsidere su enfoque antes de que este experimento cause más daño del que pretende resolver. Los maestros, actualmente los más afectados, deben aprovechar su alianza con el gobierno para asegurarse de que sus quejas y propuestas sean escuchadas. Es esencial que no se conviertan en víctimas de un modelo de salud deficiente, y que luchen por una atención de calidad para ellos y sus familias. Este es el momento de actuar, exigir mejoras y en el camino, salvarnos a todos.