Comienza el segundo tiempo de la administración Petro. En medio de un cúmulo de complejidades –la mayoría creadas por el propio Gobierno– se suma ahora la delicada situación de Venezuela. Las declaraciones del Presidente y el canciller Murillo han sido tibias y le han dado oxígeno a la tiranía de Maduro. El país espera una defensa clara y contundente de los principios democráticos, incluyendo la publicación de todas las actas de votación y el reconteo por parte de organismos verdaderamente independientes. Esta reacción les costará políticamente a ambos, pues el mismo Maduro los dejó en evidencia cuando dijo que la paz de Colombia dependía de la estabilidad del régimen venezolano.
El momento actual no es bueno para Gustavo Petro. Durante la instalación de las sesiones del Congreso el Presidente trató de capitalizar las cifras favorables, que son pocas. Una de ellas es la reducción de la pobreza, que, al contrario de lo que dijo, nada tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Independientemente de sus causas, los pocos datos positivos no logran ocultar una realidad: la economía está estancada por causa de la falta de confianza y la fuerte caída de la inversión. Además, como era de esperarse, el desempleo ya comenzó a subir. En el último mes se perdieron 131.000 empleos, todos ellos de mujeres.
Además de lo económico, los escándalos de corrupción tienen al Gobierno a la defensiva. La opinión pública siente una enorme frustración: el gobierno del cambio empeoró las cosas. El propio Presidente dijo que la corrupción estaba incrustada en la administración pública y que funcionarios de toda su confianza, nombrados por él, habían traicionado sus ideales. Eso se entiende como un mea culpa, pero dista mucho de ser una buena explicación.
La falta de respaldo político ya es evidente, empezando por las conformación de las mesas directivas en las comisiones del Senado ahora lideradas por los partidos de oposición. Todo esto indica que, afortunadamente, la convocatoria a una constituyente y la adopción del llamado fast track para aprobar leyes y actos legislativos no despegarán. La conclusión natural es que Gustavo Petro no estará en el tarjetón de 2026.
En estas condiciones, ¿qué cabe esperar del segundo tiempo del gobierno Petro? Aunque ya no sea candidato, nadie espera grandes cambios en su estilo de ejercer la presidencia. Tampoco habrá grandes reformas. El Presidente se debería concentrar en la ejecución y terminar su período con resultados concretos. Pero no creo que esto vaya a ocurrir. Las metas en materia de vías terciarias, cupos universitarios, instituciones educativas, y tantas otras, tristemente se quedarán en el tintero. Habrá más subsidios y prestaciones, como en el caso de las primas de la Fuerza Pública que aprobaron esta semana. Esa es la estrategia política.
Por ello, una de las mayores complejidades de los próximos dos años será fiscal. Al presupuesto del presente año aún le falta otro recorte, y al de 2025, que acaba de radicarse, le faltan ingresos de 12 billones de pesos. Esto suponiendo que la Dian –como espera el Gobierno– recaude 27 billones de pesos en 2025 por concepto de una mejor gestión, lo cual es prácticamente imposible. El país está en una encrucijada: o el Gobierno recorta drásticamente los gastos de funcionamiento, o asfixia la economía a punta de nuevos impuestos. Como el Congreso no va aprobar más impuestos y el Gobierno no dará su brazo a torcer con los gastos de funcionamiento, estamos frente una verdadera bomba fiscal. Si el Ejecutivo no la desactiva, le va a estallar en las manos. Hoy por hoy en el mundo, los movimientos de los mercados financieros, incluyendo el dólar, no dan preaviso.
Las noticias positivas en materia económica vendrán por cuenta de la junta directiva del Banco de la República, que seguramente bajará las tasas de interés hasta 9,25 en lo que resta del año. Esto de la mano de una reducción de la inflación, que se espera termine alrededor de 5,5 % en diciembre. Así las cosas, el país va a dejar de hablar de la inflación y pasará a hablar del desempleo.
Lo que nos corresponde a todos los colombianos es evitar un mayor deterioro económico. Mantener la confianza y el ritmo de la economía debe ser un objetivo de todos los actores políticos, independientemente de la orilla en la que se encuentren. Debemos insonorizarnos frente a todo el ruido que producen los anuncios de Gobierno y poner la mira en lo que ocurrirá después de 2026. Seguramente serán años de reconstrucción, coalición y transición hacia un panorama político y económico más despejado.
