Prioridades para el nuevo gobierno
El próximo gobierno también debe atender los altos costos de energía que se cobran en el Caribe, producto de la aplicación de un régimen tarifario que afecta directamente los bolsillos de los habitantes del Caribe. Hoy los usuarios estamos asumiendo las inversiones que debieron hacer el operador de red anterior y luego el gobierno nacional cuando asumió la administración de la empresa. Más de 10 años sin las inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica nos pasa factura diferida a cada usuario. Los costos de esas inversiones deberían ser asumidos por el gobierno nacional y descontados de los costos trasladados a los usuarios.
Colombia requiere un sector empresarial fuerte, más productivo, con acceso a mercados internacionales, de esta manera generará más empleos y será la mejor forma de crecer la economía, el desarrollo social, logrando la disminución de desigualdades.
Es así como una de las prioridades del próximo gobierno debe ser la puesta en marcha de una política de desarrollo orientada a impulsar la exportación, bajo un entorno sostenible, de libre competencia, que aproveche las ventajas comparativas de las costas Caribe y Pacífica, y encaminada al fortalecimiento del ecosistema empresarial en términos de productividad basado en la ciencia, tecnología e innovación y de igual forma lograr la atracción de inversión internacional que se beneficie de la ubicación geoestratégica, acompañada de la seguridad jurídica que le brinde la confianza en el país.
Ejemplos como los de Corea del Sur y Singapur demuestran que el desarrollo y la prosperidad social de un país se apalancan al movilizar factores de producción hacia industrias sofisticadas; aprovechar ventajas comparativas, como, por ejemplo, el desarrollo de sector exportador en las costas; adaptarse a la competencia internacional y solucionar fallas de mercado.
Colombia ha seguido una política distinta, somos una economía que concentra más de la mitad de la producción a cientos de kilómetros de sus costas y tenemos bajos niveles de comercio internacional, medidos como Exportaciones No tradicionales/PIB. La experiencia de diversos países alrededor del mundo demuestra que las inclinaciones proteccionistas no solo desestimulan las exportaciones, sino que frenan el crecimiento económico y disminuyen el bienestar de la sociedad en general.
De hecho, el reciente CONPES de Internacionalización plantea la necesidad de redoblar esfuerzos para vincular inversión extranjera; potenciar las zonas francas y el Plan Vallejo para la relocalización de empresas en las costas; reducir los costos de transacción y las barreras no arancelarias; simplificar los trámites aduaneros; y mejorar la cadena logística y las condiciones de acceso a los mercados.
En este aspecto es fundamental insistir en la importancia del Rio Magdalena. Distintos estudios dan cuenta de la importancia de la cuenca del río que al impactar 20 de 32 departamentos y 128 de 1100 municipios tiene potencial para mover 550 millones de toneladas de carga por año, pero solo se transportan alrededor de 5 millones que es menos del 1% de su capacidad. Comparativamente, el Río Misisipi en Estados Unidos mueve anualmente 630 millones de toneladas. En Europa el 60% de la carga se moviliza de forma intermodal, combinando transporte terrestre, fluvial y férreo, en Colombia está cerca del 2%.
Según el CONPES 3758 de 2013, un mayor movimiento de carga por el río Magdalena generaría ahorros en costos de transporte del 16%. El siguiente dato ilustra esa proyección: Para mover 7.200 toneladas de carga se necesitan seis barcazas por el río Magdalena. Hacerlo por carretera requiere alrededor de 210 camiones, mayores costos de combustible, mantenimiento vial, contaminación y congestión vehicular. Mirar al río Magdalena como la columna vertebral de la multimodalidad es clave para mejorar la competitividad. Y es muy preocupante la alerta emitida recientemente por Asoportuaria sobre la APP.
El próximo gobierno también debe atender los altos costos de energía que se cobran en el Caribe, producto de la aplicación de un régimen tarifario que afecta directamente los bolsillos de los habitantes del Caribe. Hoy los usuarios estamos asumiendo las inversiones que debieron hacer el operador de red anterior y luego el gobierno nacional cuando asumió la administración de la empresa. Más de 10 años sin las inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica nos pasa factura diferida a cada usuario. Los costos de esas inversiones deberían ser asumidos por el gobierno nacional y descontados de los costos trasladados a los usuarios.
Por último y no por ser menos importante, se encuentra el fortalecimiento institucional del estado, avanzar en la descentralización asimétrica, menos tramites centralizados y más agilidad para atender los asuntos de las regiones de Colombia que permitan desarrollar todas las estrategias del sector productivo, que al final de cuenta es quien retribuye al gobierno los recursos económicos necesarios para atender los compromisos del plan de desarrollo nacional y de los entes territoriales.
*Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla
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