El reciente informe del Banco Mundial concluye que Colombia no puede seguir describiendo sus disparidades territoriales como un rezago pasajero. La evidencia analizada en el documento muestra una fractura profunda y persistente, en la que el lugar de nacimiento continúa condicionando el acceso a educación, salud, empleo e ingreso. En ese marco, la idea de las “cuatro Colombias” resume con claridad esa realidad: una de mayores ingresos y menores carencias básicas; otra dependiente de los hidrocarburos; una tercera intermedia y heterogénea; y una cuarta atrapada en bajos ingresos, pobreza estructural y severas limitaciones geográficas.
La cifra más reveladora e inquietante es que hasta cerca de un tercio de las desigualdades en los ingresos laborales puede explicarse por el lugar de nacimiento. Cuando la geografía pesa tanto, la desigualdad deja de ser un dato estadístico y se convierte en una barrera estructural para el desarrollo. Además de ser, claramente, una deuda social, es también una restricción mayor para la productividad, la movilidad social y la cohesión nacional.
A lo anterior se suma una paradoja que el informe anota con precisión: Colombia es “un país sin salida al mar con costas en dos océanos”. Las regiones más pobladas, desarrolladas y complejas están lejos de los puertos; los costos de transporte son elevados; la congestión urbana limita las economías de aglomeración; y las ciudades funcionan más como espacios de consumo que como centros de producción. Ese patrón debilita la innovación, restringe la inserción internacional y prolonga un equilibrio de baja productividad. En esta realidad, los territorios rezagados no logran cerrar la distancia frente a los más prósperos al ritmo que una nación integrada requeriría.
Ahora bien, el valor central del documento está en la contundencia con que señala las líneas para abordar las soluciones y prioriza, dentro de ellas, el capital humano. El Banco Mundial identifica la baja calidad del capital humano, junto con la infraestructura y las instituciones, como una de las principales restricciones estructurales al crecimiento. Una economía no mejora de manera sostenida si no forma mejor a su población, si no fortalece sus capacidades directivas y si no eleva la calidad de sus trayectorias educativas.
En ese punto, la discusión sobre educación superior exige mayor seriedad. El país necesita universidades de calidad, públicas y privadas, con rigor académico, vocación regional, capacidad de investigación y vínculos reales con las necesidades de sus entornos. La cobertura importa, pero resulta insuficiente cuando no está acompañada de excelencia. Sin instituciones de educación superior capaces de formar profesionales, científicos, maestros y técnicos de alto nivel en las distintas regiones, cualquier estrategia de desarrollo territorial quedará incompleta.
Para avanzar, además, conviene apartarse de dos formas de charlatanería. La primera es la de quienes ofrecen igualdad a través del empobrecimiento general. La segunda es la de las soluciones mágicas, presentadas como decretos del primer día para problemas que son acumulativos, complejos y territoriales. Frente a ello, el informe propone otro camino: políticas horizontales para elevar la productividad, cierre de brechas en oportunidades y estrategias diferenciadas según las condiciones de cada región. El país ya tiene el diagnóstico. Lo que corresponde ahora es asumir, con disciplina, seriedad y sin atajos, la tarea más exigente: aplicar un tratamiento sostenido y eficaz.
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