Diciembre llega con alegría, pero también con el acostumbrado inicio de las negociaciones de la mesa de concertación para definir el alza al salario mínimo que regirá durante 2023.

La puja se desenvuelve en medio de un año que ha traído consigo un destacable desempeño económico, pero donde la inflación se ha desencajado de su rango meta y ha inducido a una pérdida de poder adquisitivo de los hogares, tanto que el aumento del salario del año 2022 del 10,1%, a octubre se lo consumía una inflación que año corrido va en 10,86%.

Las variables que considerar en esta mesa parten por ser la inflación causada, la variación de la productividad, la meta de inflación del siguiente año fijada por Banrep, la contribución de los salarios al ingreso nacional, y el incremento del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, en las condiciones actuales de alta inflación, bajas expectativas de crecimiento del próximo año, pérdida de elasticidad en la creación de empleos frente al crecimiento económico, y la alta tasa de informalidad, son algunas de las consideraciones que se deberán poner sobre la mesa con el ánimo de no generar efectos perversos tanto para la parte empleadora como la parte empleada.

Un incremento exacerbado podría poner en jaque varios puestos de trabajo por las dificultades de las empresas para pagarlos considerando contracciones desde la demanda previstas para el próximo año. Además, tal aumento podría jugar en contra de los mismos empleados dado que normalmente los aumentos de los salarios se extienden al precio de los productos de consumo, entre estos los alimentos, que ahora costarán más considerando que la mano de obra involucrada en su elaboración sería para entonces más costosa.

Por lo cual el ambiente está dado para que la base de la negociación se ubique en la inflación esperada para el cierre de 2022, que podría ubicarse en 12,2%, más un crecimiento de la productividad total de los factores estimada en 1,2%, de ahí que, centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif, se hayan lanzado con propuestas del 13,5%.

Bajo este escenario a los trabajadores se les podría garantizar una conservadora ganancia en poder adquisitivo y su reconocimiento ganado por su esfuerzo reflejado en la variación de la productividad.

En todo caso, los aumentos en el salario también se desenvuelven con vicios políticos que buscan la ganancia de réditos con anuncios exagerados de aumentos históricos que pueden entenderse de forma masiva entre los trabajadores y desencadenar entre los mismos sentimientos de agradecimientos y adeptos ante la destacada voluntad y bondad de un gobierno que apoya la mayor propuesta de aumento real posible.

Razón por la cual el llamado en esa ocasión es a la mesura y al apoyo técnico más que político para la toma de una decisión tan importante que podría poner en jaque la evolución del desempleo, que con mucho esfuerzo a octubre de 2022 alcanzó al 9,7% de la población económicamente activa devolviendo a cifras de un dígito este indicador, comprometer las cifras de informalidad y generar presiones adicionales al alza sobre el índice de precios para el cual el Banco de República le ha venido haciendo frente mediante una política monetaria contraccionista.