Por estas épocas se hace necesario reflexionar más que nunca sobre las deudas históricas pendientes con la región Caribe, que la perpetúan como una de las más pobres, frente a una significancia para el país que concentra el 22,4 % de la población total y aporta el 15,2 % de su PIB.

Tres centros de pensamiento caribeños, Atarraya, Cesore y Fundesarrollo, coinciden en destacar al menos 10 retos que el próximo Presidente de la República deberá corresponder con esta zona. 

Partiendo por los niveles de desnutrición, donde la región evidencia solamente un 61% de sus hogares consumiendo sus tres comidas al día y experimenta una mortalidad infantil en departamentos como La Guajira, 3 veces superiores a la media nacional.

Sumado al rezago en materia de educación, el Caribe presenta un atraso considerando la baja calidad educativa en los niveles de primaria, básica y media, la menor cobertura en educación preescolar y las limitaciones de tránsito a la educación superior, que se acompañan con niveles de analfabetismo inaceptables en el presente siglo.

Adicionalmente, se perpetúan trampas de pobreza con embarazos en edad temprana. Solo el departamento de Cesar es el segundo de mayor tasa de embarazo adolescente, condiciones que profundizan la baja inserción laboral de mujeres, la alta deserción escolar, pérdidas de ingreso futuro, riesgo de muerte materna, bajo peso al nacer y nacimientos prematuros.

A la orden del día también se menciona la ineficiente provisión de servicios públicos, en especial de saneamiento básico y acueducto con coberturas inferiores a la media nacional que se agudizan en las áreas rurales. Asimismo, están los elevados costos, con suspensiones e interrupciones en el servicio de energía, que limitan la competitividad de la región.

En materia de productividad y diversidad productiva, el Caribe cuenta con departamentos con alta dependencia en un único sector, el minero, como es el caso de La Guajira y el Cesar; y la administración pública para Sucre, Magdalena y Córdoba. Lo cual conlleva a reflexiones profundas sobre el futuro económico de cara al agotamiento de los recursos naturales no renovables y las oportunidades por renfocarse en otros sectores productivos que puedan asistir con una mayor participación en el aparato económico de la región en aras del aprovechamiento de los puertos marítimos y los acuerdos comerciales existentes.

Le siguen en su orden las condiciones de alta informalidad laboral presentes en el territorio, agregado a la vulnerabilidad frente al cambio climático y las debilidades en los gobiernos territoriales, con baja recaudación y aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial. 

Finalmente, otros de los compromisos en mora con la región se vinculan con una mejor y mayor conectividad vial y tecnológica. La primera con desafíos en la viabilidad y calidad en la prestación de los servicios de transporte público, la ampliación de la malla vial entre departamentos y la consolidación de proyectos estratégicos como el canal del dique y la navegabilidad del río Magdalena. Y la segunda con la ampliación en las coberturas de acceso a TIC.

Lo anteriormente mencionado, podrá ser facilitado y agilizado con una mayor convicción por un uso probo y transparente de los recursos públicos, siendo indelebles ante la corrupción.