El auge de la renta corta, impulsado por plataformas como Airbnb, ha transformado el mercado inmobiliario en Colombia, generando tanto oportunidades como desafíos. Este modelo permite a los propietarios monetizar sus inmuebles, dinamizando el turismo y diversificando la oferta de alojamiento. Además, ofrece a los viajeros una experiencia más personalizada y económica. Sin embargo, esta modalidad también crea tensiones en el mercado inmobiliario y en las comunidades.

Uno de los principales desafíos es la falta de regulación clara, lo que ha llevado a la proliferación de alquileres informales, generando competencia desleal, afectando la oferta de vivienda para residentes y creando conflictos en las comunidades residenciales. La renta corta también puede incrementar los precios inmobiliarios, dificultando el acceso a la vivienda en algunas zonas.

Para que la renta corta opere de manera más efectiva en Colombia, es crucial implementar políticas públicas que regulen el sector de manera justa. Es esencial definir claramente las zonas donde se permite la renta corta, diferenciando entre áreas residenciales, comerciales y turísticas, para mitigar el impacto en la convivencia urbana y preservar el carácter de las comunidades locales.

Desde el gremio se impulsa que la actividad esté permitida en edificios y conjuntos residenciales donde, tras una decisión colectiva, se haya autorizado la operación de rentas cortas mediante la inclusión de disposiciones específicas en los reglamentos de propiedad horizontal.

También es necesario establecer estándares de calidad y seguridad para las propiedades, incluyendo inspecciones regulares que garanticen el cumplimiento de estos. Un avance significativo es el registro obligatorio de todas las propiedades destinadas a renta corta en un sistema centralizado, como el Registro Nacional de Turismo (RNT), asegurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y normativas.

Finalmente, es vital garantizar un entorno donde todos los actores puedan competir en igualdad de condiciones, eliminando restricciones que distorsionen el mercado y permitiendo una competencia sana. Estas recomendaciones promoverían un desarrollo más ordenado y sostenible del mercado de renta corta en Colombia, beneficiando tanto a propietarios como a comunidades y contribuyendo al crecimiento del sector turístico y económico del país.

* Directora ejecutiva Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla