Hace varios meses cité el Informe de la ONU que advertía “la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados”, como un riesgo de gobernabilidad, señalado por otras instancias, como el International Crisis Group, que hizo en la embajada de Irlanda una cruda descripción de la violencia por las luchas de control territorial entre grupos ilegales para la explotación de rentas ilícitas.
Tal situación se da porque “amplias zonas del país, donde vive casi el 15% de la población, no están efectivamente administradas por el Estado”, sino bajo el dominio de grupos armados que controlan territorios a partir de “seducción y violencia”.
Se presentan como benefactores y administran justicia; pero luego reclutan informantes y menores, cooptan organizaciones, exterminan indeseables, líderes y colaboracionistas del ejército o de otros grupos, con los que luchan por el control territorial generando confinamiento y desplazamiento.
Para el ICG, hay dos grupos vulnerables que son blanco preferido: las comunidades étnicas, propietarias, “de cerca de un tercio del territorio colombiano”, y las Juntas de Acción Comunal con capacidad de contratación; dos grupos protegidos por el Gobierno con grandes recursos.
La contratación con las JAC para infraestructura básica siempre ha existido, pero el gobierno quiso volverla exclusiva para hacer de las JAC “gestoras de economía popular”, lo cual fue rechazado por el Consejo de Estado, aunque el gobierno insistirá. Entre julio de 2023 y abril de 2024 se firmaron convenios por $257.537 millones. ¿A dónde irán esos recursos en Juntas bajo control de los ilegales?
En octubre de 2023, el DNP aprobó la fórmula de asignación de regalías a minorías étnicas, estimada en $220.000 millones para 2023-2024. De hecho, el Gobierno ya entregó $198.237.808.986 a 20 organizaciones en dudosos contratos.
¿En medio de sus prerrogativas constitucionales, esas minorías están sujetas a control fiscal? ¿A qué se destinan los recursos, en un entorno de dominación? ¿Por qué el 49% de la coca, 150.000 hectáreas, está en Zonas de Manejo Especial (parques nacionales, resguardos y reservas forestales) con presencia de estas comunidades? ¿Acaso, sometidas por narcoterroristas, son “inversionistas” de coca con recursos de los colombianos?
¿La dominación territorial en resguardos protegidos por un régimen que conviene a los narcoterroristas para esquivar la justicia y la Fuerza Pública, no es cabeza de puente para la balcanización del país?; ¿Se puede extender a otras regiones dominadas? Pienso en Arauca, Meta, Catatumbo, el Caribe… Pienso en el futuro de Colombia como república soberana. La balcanización es un riesgo posible.
@jflafaurie
