América Latina es hoy la región más desigual y violenta del mundo. El 33% de los homicidios que se han cometido en el planeta ocurren en esta región, cuya población representa el 8% mundial.

El negocio de la droga se ha convertido en todos los países de Latinoamérica en una mezcla de consorcios empresariales. Son verdaderos Estados dentro de los Estados, escalando desde los municipios hacia el ámbito nacional. Los cuantiosos ingresos ilegales no paran de expandirse, lo que también les permite instalar negocios lícitos y constituirse en poderosos imperios económicos, que usan la violencia para proteger su actividad ilícita y para doblegar al que se oponga.

En Barranquilla, y en todas las urbes latinoamericanas, el crimen organizado ha ido tomando el control de los barrios marginales, donde el Estado ha sido incapaz de dominar esta hidra que cuando se le corta una cabeza, rápidamente aparecen otras.

La más grave amenaza que enfrentan nuestras democracias y sociedades latinoamericanas, es el crecimiento de la criminalidad. En días pasados, pudimos ver el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador, país que se ha convertido en un paraíso para el crimen organizado, porque al tener su economía dolarizada, se facilita tremendamente el lavado de dinero.

El peligro no está en que haya un gobierno de izquierda o de derecha, ya que hemos visto que ninguno ha podido enfrentar con éxito este flagelo dentro de un marco jurídico democrático. Y mientras el crimen crece, los gobiernos se ven cada vez más debilitados.

Las políticas públicas contra el crimen en América Latina han tenido dos enfoques. El primero se denomina “mano dura”, enfocado principalmente a la recuperación del territorio y el control de las actividades ilícitas, mediante presencia policial y militar, y penalidades cada vez más severas. Así, mientras para el crimen la fórmula es plata o plomo, para el Gobierno más presencia policial y más cárcel.

La otra tendencia es buscar, con un enfoque de Derechos Humanos, un sistema donde el Estado y los grupos al margen de la ley lleguen a acuerdos que permitan el reconocimiento de la culpa, la reinserción, el perdón y la reparación de las víctimas, “mano blanda”. En Colombia se ha intentado la mano dura y la blanda contra el crimen sin grandes resultados. Quizás sea ya el momento de ofrecer alternativas seguras de control del riesgo y reducción de daño, especialmente con el narcotráfico, que permitan el acceso controlado a las sustancias psicoactivas, como hacemos con el tabaco y el alcohol, y así lo están haciendo ahora casi todos los países europeos y 27 estados de los 50 que conforman los Estados Unidos de América.