La Organización Panamericana de la Salud define los impuestos saludables como aquellos que gravan productos cuyo consumo constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de múltiples enfermedades no transmisibles. Entre las sustancias afectadas por ellos están el tabaco, las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas.

Estos tributos persiguen tres objetivos: disminuir eventos en salud, aumentar el recaudo fiscal y corregir inequidades (quienes más se benefician con su cobro son los grupos más vulnerables). El mayor precio final cumple la función de restringir su uso al hacerlos menos asequibles. En resumen, estos gravámenes complementan los logros alcanzados con otras medidas, como la restricción a la publicidad, las regulaciones al acceso y el permitir consumirlos solo en espacios claramente definidos.

En Colombia, hace un poco más de 8 años, el entonces ministro de salud, Dr. Alejandro Gaviria, planteó las bases para el debate público acerca de la necesidad de implementar en el país el cobro de estos impuestos. A partir de sus planteamientos se generaron proyectos legislativos que después de varios acalorados debates y del arduo trabajo de grupos específicos de cabildeo, se “hundieron” en sus primeras iniciativas, en especial por aquellos artículos que pretendían gravar, de acuerdo con estándares internacionalmente aceptados, las bebidas azucaradas.

A pesar de los fracasos iniciales, la persistente sensibilización a la comunidad realizada desde la cartera de salud logró que en el país la tributación por cajetilla de cigarrillos se triplicará en 2016.

Sin pretender establecer una causalidad directa entre el mayor tributo y el hecho histórico de disminución de uso de tabaco en el país, que anunció emocionado esta semana el actual ministro de salud, Dr. Fernando Ruiz, las cifras que sustentan el celebrado logro son impactantes. Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE entre 2016 y 2021 el porcentaje de tabaquismo en la población colombiana cayó del 8,3 al 5,6%, lo que en números absolutos significa que, en el país, los fumadores disminuyeron aproximadamente en un millón durante ese lapso. Se calcula que esta reducción en el consumo de tabaco evitó cerca de 500.000 muertes prematuras y ayudó al medio ambiente evitándole la contaminación generada por unos 2.200 millones de colillas. Se prevé que por tener ese menor número de fumadores el sistema de salud ahorrará 3,3 billones de pesos anuales en las próximas décadas.

A pesar de la creciente evidencia, ahora también a nivel local a favor de decretar estos impuestos, el país sigue sin una legislación que encarezca y desestimula el consumo de bebidas azucaradas. Esta “desconexión normativa” ha impedido evitar el 13% de la mortalidad anual del país por diabetes y el 5% por enfermedades cardiovascular, según algunos estudios académicos.

Cómo si lo anterior no fuera lo suficientemente grave, la lentitud ejecutiva en reglamentar la ley 2120 del 2021, mediante la cual se adoptaron medidas para fomentar entornos alimentarios saludables, sigue consintiendo que se nos oculte a los colombianos información vital de fácil compresión relacionada con los productos que consumimos.

Es deseable que, estando próximos a celebrar el año de la firma de la ley, la celebración la podamos hacer conociendo de manera clara la cantidad de azúcar que consumiremos en el ponqué, los dulces y las bebidas azucaradas durante la fiesta.