En 1864, un año después de la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja, se firmó en Ginebra, Suiza, el primer convenio que lleva su nombre y que, en conjunto, con protocolos posteriores sirven como acuerdo universal para respetar ciertos derechos de los seres humanos en tiempo de guerra. De manera general se puede afirmar que estas normas protegen a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que no pueden seguir participando (enfermos, náufragos, heridos, prisioneros de guerra). Son ellas las que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados, y funcionan como la piedra angular del derecho internacional humanitario (DIH).

El gobierno colombiano en varios actos legales se ha comprometido frente a la comunidad internacional a respetar y hacer respetar las normas del DIH en el país. De hecho, Colombia lideró la iniciativa para que en la resolución WHA 55.13 de la 55ª Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud se exhortara a los países miembros a condenar los ataques dirigidos al personal sanitario en las esferas humanitarias o sanitarias y se promoviera la aplicación de medidas que garanticen la seguridad del personal de salud.

Cumpliendo con la obligación adquirida, el Ministerio de Salud en la Resolución 4481 del 2012 adoptó el Manual de Misión Médica, donde se define ella como el conjunto de bienes, instalaciones, instituciones, transportes, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propias de la prestación de servicios de salud, en el marco de la misión humanitaria en situaciones de conflicto armado u otras situaciones de violencia que afecten la seguridad pública, desastres naturales y otras calamidades.

A pesar de todo lo anterior, durante el ya largo mes que llevan las protestas en el país, la ultima información reportada habla de más de 250 agresiones contra la Misión Médica. La gran mayoría de ellas involucran restricciones a la movilidad de insumos o pacientes, como los dos lamentables casos de recién nacidos fallecidos en medio de bloqueos a vías. Estos hechos, al igual que los ataques directos al personal de salud en Bogotá, motivados en información falsa que circuló en redes sociales, nos degradan como sociedad y desvirtúan el sentido social y humano de la inmensa mayoría de jóvenes que han salido a las calles de manera pacífica para reclamar la construcción de un país con mayor equidad y justicia.

Condeno la violencia, venga de donde venga, por lo que creo todos debemos expresarnos con contundencia en contra de la violación del derecho a la salud de nuestros conciudadanos que generan los ataques a la Misión Médica, al igual que lo hacemos para exigir se respete el derecho a la protesta de los marchantes por parte del Estado.

La Misión Médica nos protege y ayuda sin distingo de colores, credos o filiaciones políticas. Callarnos e ignorar los ataques que ha sufrido puede, entre otras cosas, terminar en algún momento limitando las posibilidades de supervivencia de cada uno de nosotros, independientemente de que estemos o no involucrados en los grupos que se enfrentan en el conflicto de actualidad.

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