El Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) indica que se aprecia una disminución del tráfico de pasajeros de más de 90% durante los meses de la pandemia y pronostica que la región perderá un 61% del volumen de pasajeros durante el 2020. Si tenemos en cuenta que se había previsto que los aeropuertos de la región acogerían unos 700 millones de pasajeros, significa que alrededor de 430 millones de personas dejarán de viajar sólo en América Latina, generando una caída en los ingresos de los aeropuertos de aproximadamente USD6.500 millones con respecto al año anterior.
Por esto, es crucial la reapertura de operaciones aeroportuarias en Colombia a partir del próximo 1 de septiembre, no sólo porque se debe restablecer la conectividad y el importante aporte de este sector al PIB nacional –equivale al 2,7%–, sino porque según estudios realizados por IATA están en riesgo unos 32.000 empleos.
Al analizar estas cifras no podemos dejar de lado el gravísimo desequilibrio financiero que los aeropuertos entregados en concesión han sufrido, ya que fundamentan su sostenibilidad financiera en la posibilidad de obtener ingresos sujetos a la existencia de pasajeros y vuelos comerciales que las distintas aerolíneas realizan, como un factor dinámico que provea los suficientes recursos para mantener la operación en el tiempo, la cual per se demanda costos fijos que deben ser asumidos por las concesiones aeroportuarias, indistintamente de la generación de ingresos, pues el transporte aéreo es catalogado como un servicio público esencial. En el caso del Ernesto Cortissoz de Barranquilla ha visto disminuido sus ingresos en los últimos cuatro meses en un 94% y debe mantenerse operativo con unos gastos promedio mensual de alrededor de $3.000 millones; el Simón Bolívar de Santa Marta redujo sus ingresos en un 95% y sólo disminuyó gastos en un 30%; y en el Rafael Núñez, en Cartagena, han disminuido sus ingresos en un 98% de abril a julio, lo que representa dejar de recibir $55.000 millones.
Recientemente, el director general del Consejo Internacional de Aeropuertos -ACI - señaló que tardarán 10 años en retomar la senda del crecimiento en el tráfico aéreo que se tenía antes de la pandemia; estas premoniciones, que pueden o no adaptarse a la realidad, demuestra que los contratos de concesión de infraestructura aeroportuaria deben ser objeto de una revisión integral que evalúe no sólo las acciones que se tengan que implementar para mantener el equilibrio financiero de los contratos, sino un análisis objetivo de las inversiones consecuente con la nueva realidad, al igual que los plazos contractuales, ingresos y efectos que pudieran generarse. Por lo que el Estado debe concretar acciones en aras de que los operadores aeroportuarios obtengan recursos para mantener y operar la infraestructura en condiciones tales que represente una garantía de seguridad, calidad y eficacia frente a la reactivación gradual de los vuelos domésticos e internacionales. Con todo, resulta inaplazable la intervención inmediata del Gobierno con la adopción de medidas inmediatas, en tanto se definen fórmulas de restablecimiento del equilibrio económico en el largo plazo. Es mucho lo que está en riesgo, por lo que el llamado de las concesiones aeroportuarias es URGENTE.
*Director Ejecutivo CCI Norte
@hcarbonel
