Desconociendo conceptos de las autoridades ambientales y territoriales y sin ninguna prueba técnica o jurídica, algunas voces mantienen una campaña difamatoria contra Grupo Argos que afecta su reputación, debilita nuestra institucionalidad, atenta contra el desarrollo empresarial y mina la confianza en la articulación público-privada que ha sido bastión de los avances de Barranquilla en lo económico y lo social y de la atracción de inversión en distintos sectores productivos.

Por eso, quienes representamos al sector privado, pero también a la sociedad, respaldamos a esta organización empresarial que ha liderado un modelo de desarrollo urbano sostenible que promueve en el Atlántico y el país una mejora sustancial en la calidad de vida de la población, fortalece las finanzas territoriales e incentiva la llegada de otros negocios de hotelería, comercio, vivienda, servicios e industria.

Ciudad Mallorquín, por ejemplo, impacta positivamente la economía. Alrededor de 60 pequeñas y medias empresas locales han trabajado en la planeación y ejecución del urbanismo de este complejo residencial, que solo en este componente ha generado más de 400 empleos en un año. Además, la construcción de 12 kilómetros de vías y de los edificios y apartamentos conlleva la instalación de redes de servicios con lo cual se activa la cadena de valor de muchos sectores en momentos de contracción económica. Y obras de la magnitud del puente sobre la Avenida Circunvalar para conectar la carrera 65 de Barranquilla con la Calle 2 de Puerto Colombia, tendrán otro impacto significativo en nuestra actividad .

Hoy Puerto Colombia recauda por impuesto predial $120.000 millones anuales, pero con Ciudad Mallorquín la base tributaria por este concepto crecerá alrededor del 30% en los próximos años, recursos que administrados responsablemente constituyen una oportunidad para avanzar en la materialización de la visión de desarrollo que su alcaldía ha definido.

Dejemos de estigmatizar la vivienda de interés social, y mejor unamos esfuerzos para lograr que se le levante a Puerto Colombia el veto que tiene para este tipo de proyectos expresado en que solo pueden categorizarse como VIS las viviendas cuyos precios de venta sean iguales o inferiores a 135 salarios mínimos, cuando en Barranquilla y otros municipios ese tope es de 150 SMMLV y no sigamos poniendo en riesgo el patrimonio de miles de familias que han encontrado en Ciudad Mallorquín el hogar digno que merecen.

Grupo Argos, las alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia, la Gobernación del Atlántico, la CRA, Triple A, y los gremios que hacemos parte de Intergremial Atlántico avanzamos en la coordinación de la ejecución de todos los componentes de Ciudad Mallorquín que han sido planeados debidamente para atender las necesidades que este proyecto genera en movilidad y servicios públicos porque es nuestro deber, pero también nuestro compromiso con el desarrollo económico y social del territorio que es nuestra razón de ser.

* Director ejecutivo de CCI Norte