La conurbación de Barranquilla y Puerto Colombia evidencia la importancia de garantizar el ordenamiento territorial bajo criterios de sostenibilidad e inclusión social y el compromiso que comparten el Grupo Argos, la administración distrital y la alcaldía municipal, de multiplicar los efectos que producen las intervenciones en dicha zona en términos de dinámicas económicas y manejos ambientales que mejoren el hábitat colectivo.

Al ser dicha empresa la mayor propietaria de predios urbanizables en esa conurbación, se garantiza el cumplimiento de esos criterios bajo el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible e Inclusivo que ha implementado en la última década en el norte de Barranquilla con inversiones en infraestructura vial, servicios y espacio público, cuyo costo de reemplazo hoy ascendería a COP 1.4 billones.

Con dicho modelo se habilitaron nuevos barrios donde se edificaron más de 60.000 viviendas, se construyeron cientos de kilómetros de redes de acueducto y alcantarillado, 108 kilómetros de nuevas vías y más de 8 kilómetros de ciclorrutas, se destinaron 196 hectáreas para parques, espacio público y equipamientos, y se implementaron, antes que, en cualquier otro sector, el soterramiento de redes eléctricas y la canalización de arroyos.

Bajo esos postulados, ahora se ejecuta el proyecto Ciudad Mallorquín, diseñado por el Negocio de Desarrollo Urbano de Grupo Argos, que marca un hito en una zona estratégica en la que se han habilitado más de 78 hectáreas. De ellas, 17 hectáreas serán para parques y equipamientos, complementados con 12 kilómetros de nuevas vías y 4 kilómetros de ciclorrutas. Allí se invierten $2,4 billones en la construcción de viviendas y más $165.000 millones en obras de urbanismo, con lo que se generan más de 2.000 empleos anuales durante su ejecución. Para Puerto Colombia significará un aumento en el recaudo del impuesto predial por encima del 50%.

Se trata de un modelo nacional porque propicia espacialmente las conexiones entre poblaciones de ingresos altos y bajos -el mejor predictor de movilidad social y económica de las familias, según el estudio de Chetty, Jackson-, ofreciendo a sus habitantes acceso a espacios recreativos y lúdicos; servicios públicos estables; infraestructura vial y de transporte; centros educativos y clínicas con altos estándares de calidad, y mayores oportunidades laborales.

El proyecto es ejemplo e insumo para formular una política integral de vivienda con objetivos de inclusión, dentro de un tejido de ciudad más deseable ambiental y socio económicamente. Al brindar igualdad de acceso a infraestructura y urbanismo de alta calidad a más de 60.000 personas, ofrece una oportunidad excepcional para estudiar de qué manera con un nuevo enfoque trascendental a los desafíos socioeconómicos nacionales, regionales y globales, se puede romper el ciclo de la pobreza.

Ciudad Mallorquín ratifica que la infraestructura es un dinamizador de la economía en el que conviven empleo, comercio, vivienda, turismo y un sinfín de actividades productivas, lo que solo es posible cuando en un círculo virtuoso de valor convergen los sectores público y privado bajo un mismo propósito.

* Director ejecutivo CCI Norte