#ALERTA : La posibilidad de tener doble calzada entre Barranquilla y Cartagena por el Corredor de Carga de Autopistas del Caribe, Ruta Caribe 2, está en proceso de muerte por la suspensión del cobro del peaje de Turbaco y el aplazamiento de la puesta en funcionamiento del de Arroyo de Piedra.
Esas dos medidas, adoptadas por la ANI en el anterior gobierno como respuesta a la presión de las comunidades, le representa al concesionario dejar de recaudar $11 mil millones de pesos mensuales, lo que lesiona fuertemente su modelo financiero y lo obligará a dejar de ejecutar las unidades funcionales Luruaco-Sabanalarga; Sabanalarga-Campeche; y Campeche-Caracolí, incluyendo la construcción de la intersección a desnivel en este cruce, lo que afecta al departamento del Atlántico.
Este proyecto comprende la operación y mantenimiento de un corredor existente de 253 kilómetros origen destino y la construcción de 20 kilómetros de variantes, 74 kilómetros nuevos en doble calzada y 8 intersecciones a nivel y desnivel, con una inversión superior a $1.5 billones de pesos. Cercenarlo implica reducir notoriamente sus positivos efectos en la generación de más de 7.000 empleos directos; la reducción del tiempo de desplazamiento entre Barranquilla y Cartagena en un 36%, al pasar de 2.5 a 1.5 horas; la generación de ahorros en costos operativos para camiones y buses del 12 y 13%, respectivamente; la disminución de la accidentalidad; y la dinamización de la economía de los municipios de su área de influencia.
Se trata de una APP de Iniciativa Privada que como tal no requiere inversión pública, pero sí cobrar los peajes pues son la única fuente de ingresos del concesionario para pagar la deuda que asume con la banca mediante un modelo de financiamiento de proyectos intensivos en capital, conocido como Project Finance. Cualquier incertidumbre sobre su capacidad para generar tales recaudos en las condiciones pactadas en el contrato pone en serio riesgo la financiación del proyecto.
Como mecanismo para reactivar el cobro del peaje de Turbaco la ANI le propuso a quienes lideran su rechazo, obras adicionales para ese municipio por aproximadamente $25 mil millones, a cargo de la concesión, y proyectó el otorgamiento de una tarifa diferencial para sus habitantes. Sin embargo, ni siquiera esas propuestas han servido para que cedan en sus pretensiones.
Lo que sucede con Autopistas del Caribe es una muestra del serio daño que le hacen al esquema de las APP estas protestas que han hecho carrera en el país, alimentadas por intereses electorales. Los gobiernos deben ejercer la autoridad que tienen para ponerle freno a esta situación. Y los colombianos comprender que al poner la carga de pagar la inversión en quien la utiliza y no en los contribuyentes que no la usan, los peajes son el mecanismo de mayor equidad fiscal. Pero más allá de ello, el único instrumento que tenemos para seguir desarrollando la infraestructura vial que nos garantice la movilidad de bienes y personas, estimule el crecimiento económico y contribuya a reducir la pobreza y la desigualdad. No hacerlo es propiciar un salto al vacío con nefastas consecuencias sociales y económicas.
Director ejecutivo CCI Norte
@hcarbonel
