Aunque esta década inició en el año 2020, lo vivido en dicho año hace que podamos considerarlo como un año vacío y nos lleva a asumir que los objetivos colectivos, familiares e individuales que se habían programado a mediano plazo (10 años) debemos alcanzarlos en 9 años. Esto exige hacer del 2021 un año de recuperación. En el 2020 se destruyó empleo, se incrementó el sector informal y se empobreció aún más a los pobres; especialmente en el campo, donde se produce la mayoría de los alimentos. Por ello, algo en lo que debe coincidir la sociedad, la familia y los individuos es sobre la necesidad de aumentar el empleo formal de calidad y superar la pobreza.

Hasta 1996 el sector informal era de 45% y para la década de 2010 se siguió incrementando hasta alcanzar el 47% en el 2018 y 2019. En el 2020, como consecuencia de la pandemia y de las decisiones políticas del gobierno, se elevó al 50% la ocupación informal. A los bajos niveles de formalización laboral se suma que los más pobres de los pobres en Colombia, como en el resto del mundo, se concentran en el campo. El 28% de nuestra población (18’150.000 habitantes) se encuentra distribuida en 981 municipios (de 1.120) que tiene cada uno menos de 50.000 habitantes. Son municipios semiurbanos o semirrurales, con francas limitaciones de acceso vial y financiero, y con múltiples barreras a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. En Colombia, la población rural mayoritariamente es de estratos 1 y 2. La superación de esta realidad requiere distribución de tierra, asistencia técnica, comercialización de productos, la revisión de los tratados de libre comercio y la formalización del empleo, en condiciones justas, legales y de equidad. Esta situación implica al menos el cumplimiento de la ley laboral y del Acuerdo de Paz. Con más desarrollo rural la población tendría más acceso a activos como la tierra y el agua. Con auténticas políticas dirigidas al campo se erradicaría el hambre, malnutrición y pobreza. Lo anterior requiere voluntad política y respaldo a los productores, pequeños agricultores, indígenas, mujeres y jóvenes campesinos que le apuesten a sistemas alimentarios sostenibles.

Por otra parte, la informalidad se concentra en 139 municipios colombianos, con una población superior a 50.000 habitantes, cada uno. En estos se encuentra el 72% de la población (32’850.000 habitantes). Esta situación exige la formalización laboral especialmente en los centros urbanos. No existe un estudio serio que indique que bajar los salarios, hacer aumentos miserables del salario mínimo y rebajar los impuestos a las grandes empresas produce empleo. Las veces que se han tenido políticas tributarias de reducción de impuestos a las empresas y reformas laborales poco sociales y poco populares, no han llevado a más creación de empleo formal. Si se logra encontrar mayor productividad habrá mayor formalidad.

Para ganar en esta década de nueve años debemos partir de la recuperación de lo perdido en el 2020, poner énfasis en el desarrollo del campo e incentivar la formalización del empleo.