Los colombianos esperan de las autoridades más seguridad ciudadana y el control de la violencia contra líderes sociales, étnicos, ambientalistas y políticos, defensores de derechos humanos y campesinos. Pero la miopía de nuestros gobernantes nacionales y locales para entender y tratar los problemas de inseguridad, crecientes en ciudades y campos, y el reclamo de numerosos ciudadanos para que se combata el delito, la inseguridad y el robo con más pie de fuerza policial y militar, no permitirán que Colombia salga de su empantanamiento.

El tratamiento de este tema como algo exclusivamente policial es una mirada unidimensional, cuando la naturaleza compleja del problema requiere de un enfoque multidimensional, con creatividad, iniciativa y cooperación. Pero hoy no tenemos políticas sociales, masivas y permanentes sobre seguridad, por tanto, el problema no se resolverá; y, probablemente tampoco se reduzca.

De la misma manera creer que estamos más seguros por estar armados, no solo es falso, sino que nos expone más. La lucha contra la inseguridad requiere inteligencia, mayor compromiso institucional y paliar las dificultades que tienen los sectores sociales más desfavorecidos, a través de políticas concretas y directas para dichos sectores. De lo contrario lo que hoy se implementa es descabellado, no es creativo y está basado en una ligereza; es una vía fácil. Las escasas acciones de los gobiernos en Colombia sobre seguridad son costosas y han estado condenadas al fracaso.

No es de sociedades democráticas resolver los problemas de seguridad ciudadana con fuerza militar. Las fuerzas militares son creadas, preparadas y armadas para garantizar la seguridad nacional y para acciones de guerra. Nunca para dar seguridad ciudadana. Así entonces, ante el desespero de los ciudadanos por la inseguridad y el delito común disparados, lo único que se hace es pensar en más policías, más militares en las calles y tramitar normas para armar a los ciudadanos. Podemos terminar acosados por los delincuentes y rodeados de ciudadanos que estarán tentados a armarse; esto incrementa los riesgos de hechos violentos pues en la sociedad existen actitudes proclives a la falta de respeto a los demás y una cultura de intolerancia.

Es torpeza nuestra no querer reconocer, estudiar, comprender y manejar en todas sus causas la inseguridad que nos aqueja, creyendo que esta se puede resolver con el solo incremento de acciones policiales y militares y con más normas habilitantes para que los ciudadanos se armen.

PD. Al momento de escribir esta columna, veía con profunda tristeza nuestra falta de solidaridad y voluntad para atender la emergencia de los migrantes haitianos, en su compleja y extensa travesía hacia los Estados Unidos. ¡Qué insensibilidad la nuestra, con estas pobres gentes y con los pobladores y autoridades locales de Necoclí, que tienen que asistir a un desastre, completamente impotentes e incompetentes para hacerle frente! Y la Cancillería y la Vicepresidencia no hacen nada útil para gestionar esta situación humanitaria.