Francisco de Roux sostiene que el principal problema de Colombia, terminada la guerra, es ser el mayor productor de coca para el narcotráfico del mundo, y propone que se emprenda inmediatamente un ‘Plan Marshal’ en las regiones en las que predomina el cultivo de coca, para desarrollar integralmente los territorios, lo que tendría un efecto transformador de la economía rural y del país (El Tiempo, 27.10.17). 

Su análisis coincide con el de otras entidades especialistas que manifiestan que no es coherente tratar al mismo tiempo de erradicar y de sustituir cultivos ilícitos a la carrera para cubrir metas de erradicación excesivamente ambiciosas. Entidades como la Fundación Ideas para la Paz dicen que la agenda antinarcóticos entra en conflicto con la oportunidad de llevar a cabo un programa de desarrollo integral de los territorios afectados. 

También sostienen que el Gobierno puede quedarse muy corto en la implementación de su plan de erradicación y sustitución creando un serio problema de credibilidad y frustración de expectativas de la comunidad campesina. Un documento preparado por Ideas para la Paz (FIP) para funcionarios de Estados Unidos cubre estos aspectos del problema y destaca que los recursos destinados para el programa de sustitución voluntaria no alcanzan sino para sustituir 10 mil hectáreas de coca. 

A De Roux le preocupa el problema humano, la desatención a las familias que se han inscrito para colaborar con el programa de sustitución, y que la tecnocracia económica oficial no le pone atención al ser humano, al sufrimiento de las comunidades, o al peligro que corren. Se espera que el segundo informe que prepara la FIP sobre el avance de la sustitución de cultivos ilícitos, próximo a aparecer, sustente las conclusiones y recomendaciones del documento preparado para las autoridades norteamericanas. Este propone ir más despacio en erradicación, darle mayor prioridad a la protección de las comunidades que a la erradicación, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Tumaco; tomar ventaja del acuerdo de paz para establecer firmemente el control del Estado en el territorio, y avanzar más rápidamente en la reforma rural para repartir tierra y que los campesinos no tengan que absorber los costos de la sustitución.    

Se ha firmado la paz, se entregaron las armas, se sometieron las Farc, y el problema de control regional subsiste, siguen los asesinatos de líderes comunales, y se está agravando a tal punto la situación que miembros de la cúpula de las Farc pueden estar percibiendo un mejor futuro como desertores que como reinsertados. La firma del acuerdo de paz cambió la percepción de que en Colombia el Estado es fallido, pero la situación descrita por estos expertos que pinta un Estado desfinanciado, descoordinado y poco coherente, va a hacerla revivir. Todo lo anterior es suficientemente grave para ameritar una reflexión profunda, un cambio de políticas o por lo menos de prioridades, y para construir un Estado que pueda cumplir. Un nuevo presidente obsesionado con esto último, un plan sólido y ampliamente financiado, y un equipo humano estelar obstinado en su ejecución y capaz de llevarla a cabo son los elementos que se necesitan.