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Barrera infranqueable

Lamentablemente, no es probable que esas obras se puedan llevar a cabo en un plazo que les permita servirle de detonante a la recuperación del país.

Dentro de las acciones anunciadas por el Gobierno para buscar reparar el tremendo daño ocasionado al tejido socioeconómico del país a raíz del confinamiento por el Cocovid, es de gran importancia el plan de reactivación con obras por cerca de $100 billones. Aunque es deseable un mayor apoyo directo a los ciudadanos y empresarios directamente afectados por el confinamiento, este plan sería, sin duda, un buen inicio en el camino de la recuperación. Si se lograra implementar, esto es.

Porque, lamentablemente, no es probable que esas obras se puedan llevar a cabo en un plazo que les permita servirle de detonante a la recuperación del país. Es más fácil concluir la vacunación de todos los colombianos contra el Cocovid a que ellas se puedan adelantar rápidamente, ya que para su iniciación deberán superar una barrera virtualmente infranqueable: las consultas previas.

El desarrollo de esta figura en Colombia ha sido exótico y singularmente nocivo. Según el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la consulta previa debiera buscar simplemente la defensa del derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Mediante la Ley 21 de 1991, Colombia fue uno de los primeros de los 22 (entre 194) países afiliados a la OIT que la adoptaron. Pero, al no ser regulada con una buena ley estatutaria, su aplicación ha sufrido aquí un caótico desarrollo normativo y jurisprudencial, en el que hasta la inefable Corte Constituyente se ha metido a legislar.

Como consecuencia de ese caos, en Colombia se le ha dado un carácter de general a este requerimiento, cuando él es extraordinario en los otros países que lo aplican. Es así como en Colombia, donde el 3% de la población es indígena, hay más de 10.000 consultas en proceso, mientras que en Perú, con cerca de un 30% de población indígena, hay menos de 100 y en Chile, con un 40%, hay menos de 200.

Aquí hay consultas para todo, por todo y exigidas por todos. En 2019, el Ministerio del Interior reportó 10.278 procesos de consulta previa en el marco de 1.185 proyectos de inversión y medidas administrativas, de los cuales un 47% no alcanzan todavía la etapa de protocolización de acuerdos. En el mismo informe se estima un tiempo promedio de 364 días para el procedimiento.

Hoy hay abiertas consultas previas para 462 proyectos, que representan inversiones cercanas a $50 billones, en campos desde la infraestructura y el sector eléctrico hasta el ambiental. Es obvia la congestión que se presentará cuando, dentro de varios meses, se inicien los trámites del nuevo plan de obras. Tendrán suerte las que puedan iniciarse en 2022, cuando ya su efecto como motor de la reactivación será tardío. Cuando, como dijo la lora, ya pa’ qué.

Es claro que la barrera generada por el uso abusivo e incoherente de las consultas previas bloqueará la estrategia de estímulo a través de la inversión en obras, lo que hace absolutamente necesario que el Gobierno desarrolle estrategias más agresivas de apoyo directo a la generación de empleo a través de los empresarios. Y también es claro que es urgente que el Gobierno saque adelante una ley estatutaria para las consultas previas que, anteponiendo el interés general al particular, conduzca a la recta aplicación de su objetivo inicial y evite los abusos que con ellas se cometen para mal de la Nación.

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