Son días en que la protesta social cobra todo el sentido para que nos demos cuenta de los graves problemas que enfrentamos por la desfinanciación de la educación superior. Los supuestos “actos vandálicos” que les molestan a algunos –representados en pintas en las paredes y bloqueos en las vías–, apenas serán una graciosa caricatura del vandalismo que vendrá cuando los jóvenes no tengan la posibilidad de ir a estudiar. Ya no soñarán con pasar en la Universidad del Atlántico, en la Universidad del Magdalena o en la Nacional. No, ya no tendrán sueños distintos a perder sus vidas en las esquinas o a ser reclutados por las bandas criminales. Nada más antagónico al vandalismo que la necesaria lucha por la defensa de la educación superior pública.

El pasado jueves, cuando los estudiantes y profesores de la Universidad de Cartagena marchaban pacificamente, la Policía les disparó gases lacrímogenos. Yeison Lara, un joven de 18 años de primer semestre de Ingeniería Química, participaba en la protesta movilizándose en su silla de ruedas con la ayuda de sus compañeras de curso. El artefacto que sorpresivamente lanzó la Policía cayó cerca de él, a quien le fue imposible huir y, en medio de los intentos de sus amigos por ayudarlo y el caos de la estampida, cayó al piso indefenso. Yeison quedó expuesto al inflamatorio efecto de los gases hasta que sus compañeros lograron levantarlo y lo resguardaron en una estación de Transcaribe. Respiraba con dificultad, así que lo llevaron de urgencia a la clínica más cercana donde fue atendido y tuvieron que darle dos días de incapacidad.

Yeison vive en Turbaco, un municipio cercano a Cartagena. Todos los días se gasta cuarenta mil pesos en transporte para ir a clases. Cuando llega a la universidad tiene que ser también cargado por sus compañeros para ingresar a algunos salones porque la infraestructura de la Universidad de Cartagena no cuenta con las adecuaciones apropiadas para personas con limitaciones en la movilidad. La agresión policial a la manifestación estudiantil le destrozó la silla de ruedas. Sus mismos compañeros, chicos y chicas de su edad, juntaron un millón de pesos en menos de 24 horas para comprarle una nueva silla de ruedas y dejar algo para contribuir con la reparación de una silla de ruedas eléctrica.

A esos jóvenes, esos que sacaron a su compañero indefenso de entre los gases lacrimógenos, a los que lo cargan para entrar al salón de clases, los que hacen una colecta para conseguirle una nueva silla de ruedas, a esos jóvenes el Estado no los defiende, los agrede. A Yeison que, pese a sus limitaciones físicas y económicas, va a la universidad con entusiasmo y marcha pacificamente para exigir lo justo, para exigir calidad en la educación, para exigir que no asfixien presupuestalmente a las universidades públicas, el Estado no lo protege sino que lo gasea mientras está indefenso. ¿En serio creen que los vándalos son los estudiantes? A mi juicio es claro, aquí hay vandalismo de Estado. Esto, por supuesto, tampoco es nuevo. 

@ayolaclaudia 
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