Los colombianos están cada vez más desconcertados. Se preguntan cómo es posible que no se supere una sorpresa por un hecho desafortunado que deja mal parado al país, cuando aparece otra, mucho más grave, y que no logra explicarse. Pensar cómo reacciona un país con instituciones fuertes y con una democracia sólida sería una manera de medir la dimensión de lo que está pasando. Esta comparación aporta elementos para entender dónde se están dado las grandes falencias que originan esta secuencia de episodios insólitos que tanta incertidumbre generan en la población.
Ante un informe internacional con graves fallas como el que fue presentado por el presidente Duque en Naciones Unidas, en un país donde sí funcionan los tres poderes del Estado, dos ministros —el canciller y el ministro de Defensa— ya se habrían caído. El primero, porque una falla que causa que el Presidente de la República pierda credibilidad ante la comunidad internacional es no solo gravísima, sino imperdonable. Algo similar pasaría con el segundo, que es la cabeza detrás de un error que se pudo evitar si ese ministro supervisara la ejecución de un documento de tal importancia.
Es más, en ese país desarrollado también se caen el ministro o ministra de Justicia tan pronto se fugue una persona como Aida Merlano. La razón es obvia: su captura fue un gran éxito de esta cartera porque marcó el principio del destape de la profunda corrupción política del país. Por consiguiente, su fuga —llena de vacíos inexcusables de entidades bajo su control— es de su responsabilidad directa porque el Inpec depende del Ministerio de Justicia. La cárcel del Buen Pastor, donde pagaba condena de 15 años Aida Merlano, también pertenece directamente de esa cartera y su cabeza.
Pero como Colombia es así, las cabezas que han rodado son las de funcionarios de tercer nivel. Y nadie ha mencionado que los ministros respectivos son quienes deben asumir el costo político de estos errores y falencias inaceptables. Por su parte, el presidente Duque da explicaciones absurdas sobre las fotos de contexto, ya objeto de críticas, o en el segundo caso, simplemente repite lo obvio: “Se debe capturar a la fugitiva”.
Si nuestro país fuera otro, las lecciones tendrían altos costos personales y profesionales, que evitarían que se repitan estas situaciones insólitas. Por el contrario, en esta sociedad profundamente desigual e injusta, aquellos que asumen las más altas posiciones en el Estado no tienen costos políticos porque las cabezas de sus subalternos son las que ruedan. En ese otro país, el que deberíamos ser, pagan todos, los presos no se fugan, y si lo hacen lo recapturan en horas y los presidentes no usan fotos de contexto.
Lo que vive Colombia es una falta de autoridad al más alto nivel. Así se destruyen los procesos que edifican una verdadera democracia.
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