El 14 de febrero el CTI allanó las oficinas de la Alcaldía de Barranquilla y la de cuatro municipios más del departamento del Atlántico, Soledad, Malambo, Campo de la Cruz y Sabanalarga. Ante la falta de explicaciones por parte de la Alcaldía, según la revista Semana "Los investigadores buscan pruebas por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el periodo 2014 – 2015." Este acto es parte del operativo que trata de responder a un informe de la Contraloría que investiga 73 casos con "posible incidencia penal y disciplinaria". El tema gira alrededor de la falta de transparencia de contratos por más de 20.000 millones de pesos que coincide con el período del secretario de Educación Dagoberto Barraza, con detención domiciliaria por irregularidades en la contratación del PAE.
El fracaso del programa es uno de esos dramas nacionales que no encuentra solución porque nace de la intervención descarada de actores políticos corruptos que se han adueñado en todo el país de estos inmensos recursos. Sin embargo, el caso de Barranquilla y de los municipios involucrados, precisamente en la región que junto con la población indígena muestra las peores relaciones entre peso y edad de los menores de 5 años, es una verdadera tragedia. Mientras en la región Atlántica el 4,6% de los niños menores de 5 años presentan un retraso en su peso con respecto a su edad, en los indígenas el indicador es de 7,2%, mientras en la región Central es 2,5% y el promedio nacional es de 3,1%. Por consiguiente no sorprende para nada este caso de corrupción.
Pero lo que sí sorprende es la respuesta que recoge Semana del alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins, quien después de afirmar que desconocía la causa de estos operativos, "dio a entender que se trataba de procedimientos rutinarios". “Todos los días atendemos a las autoridades judiciales, organizaciones no gubernamentales, a los entes de control, sobre procesos que ellos tienen abiertos”, indicó Pumarejo en declaraciones a medios locales. Texto tomado de Semana.
Este no es un tema menor señor alcalde, de manera que reúnase con la gobernadora del departamento porque sus municipios también están involucrados y hagan el seguimiento que toca a este escándalo. Lo que está de por medio es la nutrición de esos estudiantes pobres no solo en esta parte del país sino en toda Colombia, donde estos recursos se los siguen robando descaradamente ante los ojos de los responsables del funcionamiento del programa. Además de los indicadores de desnutrición de nuestros niños recuerde que los niveles de pobreza de esta parte del país también son inexplicables en una región llena de recursos. La propuesta es que tanto usted como la gobernadora le den ejemplo a mandatarios de otras partes de este país donde también los recursos para alimentar a nuestros niños en los colegios públicos se quedan en las manos de los corruptos de siempre. Lo que pasó no es un requerimiento rutinario, por favor.
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