Tras salir a la luz el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las víctimas de la violencia de la fuerza pública colombiana durante las manifestaciones realizadas entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, apena profundamente ver cómo el Gobierno pretende seguir haciéndose el de la vista gorda frente a lo injusto; cómo intenta seguir lavándose las manos escudado en la cuestionable figura de la institucionalidad, y cómo sigue vulnerando desde su respuesta esquiva y su palabra indolente los derechos fundamentales de esta nación.

No es “activismo político”, es la pura y dura realidad. Con más de 600 entrevistas a víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos, más de 500 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales (Fiscalía, Procuraduría, Policía, Defensoría del Pueblo, etc.), y más de 370 reuniones con organizaciones de la sociedad civil, no es posible que la respuesta de la vicepresidenta y canciller de Colombia a la investigación revelada por la ONU sea: «No podemos permitir que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho».

Lo que no podemos permitir como nación es que se nos descalifique como tal. No podemos permitir que el Estado y sus instituciones sean los únicos a los que se les adjudique relevancia dentro del desarrollo del país. No podemos permitir que el Gobierno siga fungiendo como un ente etéreo, absorto de la pobreza, de la inequidad y de las incontables carencias que tiene un pueblo cuyo “júbilo inmortal” se desvanece entre las balas propinadas por la fuerza pública o por bárbaros vestidos de civil.

El informe reporta «46 vidas perdidas durante las protestas», de las cuales 44 eran civiles, manifestantes o transeúntes, y dos eran policías. Es escalofriante conocer que en al menos 28 de esos casos, los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública; mientras 10 de estos crímenes habrían sido cometidos por actores no estatales. A esto se suman denuncias por detenciones arbitrarias, lesiones graves, actos de discriminación y racismo, y 60 alegaciones de violencia sexual y de género, de las cuales la ACNUDH verificó 16 atribuidas a la fuerza pública.

«Hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza», señala la ONU en Lecciones aprendidas y observaciones del Paro Nacional 2021. Pero en el Estado colombiano no hay voluntad ni para aprender sobre derechos humanos. En respuesta al informe, el director de la Policía dijo que esta «no ha masacrado a nadie» y que «es la Fiscalía la que tiene que identificar quién es el responsable de esas muertes».

Lejos de ser un simple asunto de orden público, se trata de un contundente llamado a la sensatez estatal. Lástima que en un país donde hay alcaldes que autorizan “dar de baja” a quienes confronten a las autoridades, y líderes políticos que hablan de “buenos muertos”, sigamos viviendo con tantísimas lecciones no aprendidas.

@cataredacta