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Opinión

La gran marcha

Este 10 de octubre se movilizan en todo el país los estamentos de las universidades públicas para reclamar y demandar la atención e interés tanto del Gobierno nacional como del Congreso de la República, en momentos en los que las universidades estatales afrontan una crónica crisis financiera que las amenaza gravemente. Esta será una gran marcha que permitirá visibilizar su problemática y procurar que dicha crisis haga parte de la agenda pública después de tantos años de su postergación y del desdén por parte de los sucesivos gobiernos.

En cuanto al financiamiento, la universidad pública acusa enormes falencias. La misma se rige por la Ley 30 de 1992, la cual no responde a la dinámica de crecimiento de la cobertura y de las nuevas y mayores exigencias que ella demanda. De conformidad con el artículo 86 de la misma, las transferencias de la Nación a las universidades, desde su entrada en vigencia en 1993, están indexadas con la inflación causada el año anterior.

No obstante, como lo señala un estudio del Sistema Universitario Estatal (SUE), “los gastos de funcionamiento e inversión de las universidades en los últimos años se incrementaron año a año en promedio 10,69%... Es decir, alrededor de 5 puntos porcentuales por encima del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese mismo período”. Allí está claro el descalce entre los recursos asignados por Ley y los requerimientos de las 32 universidades públicas. Es más, de acuerdo con un estudio de Quimbay y Villabona, el efecto acumulado de la reducción de los aportes de la Nación a los presupuestos de funcionamiento e inversión de las universidades entre 1993 y 2015 fue de 44,4%, al pasar de representar el 3,6% del total de gastos del Gobierno nacional en 1993 a solamente 2% en el año 2015.

Y no es para menos, toda vez que, según cifras de la Asociación Colombiana de Universidades, el número de estudiantes matriculados en pregrado pasó de 159.218 en 1993 a 611.800 en 2016, creció casi 4 veces y la cobertura se amplió entre el 2010 y el 2016 del 37,1% al 51,5%. La verdad sea dicha, los recursos apropiados para financiar la educación superior por parte del Gobierno nacional, según el SUE, “ha aumentado de $2,21 billones en 2002 a $8,9 billones en 2017”. No obstante, “las transferencias de la Nación a las universidades han tenido un decrecimiento del 55,7% al 37% en el mismo período”. En cifras redondas; mientras que en 2004, de los $2,8 billones apropiados para la educación superior, $1,4 billones, el 50%, fueron transferidos a las universidades públicas; en el 2017 de los $8,9 billones solo recibieron $3,2 billones, el 35% (¡!).

El Gobierno nacional y el Congreso de la República tienen la palabra, ahora que se tramita el Proyecto de Presupuesto General de la Nación es la oportunidad de enjugar el déficit de la universidad pública y evitar así una crisis mayor. ¡Es ahora o nunca!

www.amylkaracosta.net

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