El proyecto de presupuesto para la vigencia de 2021 tiene un monto de $313.9 billones, un 15.5% mayor que los $271.7 billones del 2020. Pero, si descontamos el rubro correspondiente al servicio de la deuda ($75.9 billones), 6.7% del PIB, que es el que más crece (41.6%) y el que más pesa con el  24.1% de la totalidad de los recursos, el crecimiento del presupuesto es de sólo 0.3 puntos porcentuales, al pasar del 20.7% del PIB en 2019 al 21% (¡!).

El endeudamiento de la Nación es cada día mayor y el servicio de la deuda también. Como lo había sostenido ANIF antes de la pandemia, “la deuda del Gobierno nacional central, como porcentaje del PIB, estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54.2% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), el tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación”, incluso sin contar las novedades del Presupuesto del 2020.

Es de destacar que rubros tan importantes como el de la agricultura, ciencia y tecnología, el Ministerio del Trabajo, tan importantes de cara a la reactivación de la economía en la postpandemia, tienen importantes recortes con respecto al Presupuesto de 2020, del orden de -7.7%, -30% y - 7.4%, respectivamente. Es muy llamativo que la reducción del 45% y el 14% de las partidas para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y para la Agencia Nacional de Tierras (ANT), respectivamente, no obstante que las mismas están en el corazón del Acuerdo Final con las FARC que el Estado debe honrar. Además, llama poderosamente la atención que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) prácticamente desaparece, pues los recursos asignados al mismo caen el -87.6%, al pasar de $25 billones a sólo $3.1 billones.

Es como si se asumiera que el impacto de la pandemia y sus secuelas desaparecieran como por arte de birlibirloque el 31 de diciembre de este año. Según el Ministro Carrasquilla, el choque de la pandemia “se irá mitigando en los próximos meses” y por ello “para 2021 se proyecta un retiro parcial y equilibrado de los mayores gastos incurridos en el presente año”.

Al determinar las fuentes de financiamiento quedan muchas dudas. Según estimativos del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que dirige el investigador Luis Carlos Reyes, este proyecto de presupuesto está desfinanciado en $39.1 billones, aproximadamente. Según el Ministerio de Hacienda, dicho hueco se cubriría apelando a la enajenación de activos por valor de $12 billones y los otros $27.1 provendrían de algo tan difuso como son los “otros recursos de capitales”, sin especificar cuáles. Aunque se plantea, como alternativa, la refinanciación de $22.2 billones, pagando deuda con más deuda, como se ha venido haciendo con la deuda por parte del ministro Carrasquilla, haciendo pasar gasto por financiamiento, aún quedarían por cubrir $16.9 billones. Este panorama es muy preocupante.

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