El departamento del Cesar es un departamento minero desde hace más de 30 años y ha generado riqueza tanto para su región como para todo el país. Claramente, toda esa riqueza ha sido abusada por la corrupción, la cual, no ha permitido un desarrollo al nivel de los dineros que la minería ha entregado. Aun así, con problemas sociales, de seguridad, etc. la economía del Cesar fue dinámica y en aumento. Hace casi 3 años a la devolución de los títulos de la empresa minera de carbón Prodeco y con ella la salida de más de 5 mil trabajadores, el departamento y aún más los municipios del corredor minero en especial la Jagua de Ibirico, entraron en una crisis social y económica, pues el comercio se mueve a partir de los sueldos de los trabajadores y la prestación de servicios para la empresa minera ahora cerrada.

El gobierno actual en campaña presidencial prometió una transición energética que ayudara a la reconversión laboral de los trabajadores del carbón, sin embargo, después de las elecciones las comunidades se dieron cuenta que la tal transición no emplea en las mismas proporciones ni con los mismos salarios, es decir, no hay cama para tanta gente. Desde ahí, inició la campaña para pedir la reapertura de la mina y que se abriera para entregar a un nuevo operador, algo que ha sido siempre rechazado por el gobierno nacional y ha frustrado a la economía del Cesar y del municipio de la Jagua.

La esperanza de los pobladores va en la inversión a gran escala en esta región para la reconversión laboral, la cual a más de dos años de gobierno no ha llegado un peso, solo anuncios, buenas intenciones y más promesas incumplibles.

El remate de toda posibilidad de salir de la crisis es la propuesta para declarar las ya cerradas minas como zona de reserva, cortando ahora si de raíz por lo menos en este gobierno la posibilidad de mejoramiento económico y empleabilidad y con las siguientes justificaciones:

1. Transición energética y desarrollo de energías renovables: ¿declarar estás áreas como reserva nos permite generar nuevas energías?

2. Cumplir el acuerdo de Paris: ¿acaso estas dos minas ya a cielo abierto hace muchos años, nos resuelven el problema de la deforestación, cambio de uso de suelo, ganadería y agricultura extensiva que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el país?

3. Cumplimiento de sentencias judiciales con comunidades indígenas: Estas minas deben cumplir con las consultas previas con comunidades étnicas como lo marca la ley, esto es indiferente si es reserva o no

4. Planes de manejo ambiental y cierre de minas: Esto es una obligación contractual de la empresa minera, es indiferente si es reserva o no, se debe cumplir.

Al parecer se están escogiendo a dedo las zonas de reservas. La selección de áreas como reserva debe basarse en estudios técnicos y científicos sólidos que justifiquen la necesidad de protección. Decisiones sin una base técnica robusta son solo simples resentimientos o justificaciones de la política pasional que maneja el gobierno de Petro y su ministra de ambiente.

*Director Observatorio de Transición Energética del Caribe OTEC.