Desde la semana pasada los líderes de los indígenas de suroccidente del país decidieron iniciar una larga, mediática y costosa movilización, denominada minga indígena, hacia la ciudad de Bogotá, donde coincidirán con el paro convocado para esta semana por Fecode. Esta minga es una actividad política que realizan en ejercicio del derecho fundamental a la protesta social, que todos los colombianos debemos respetar, especialmente si, como dicen, se trata de la defensa de la vida. El gran problema de esta movilización, a pesar de su apariencia pacifica, es que está violentando otros derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos.
En este contexto es pertinente reflexionar sobre dos conceptos clave que deben regular el devenir de toda sociedad en un estado de derecho: Cuando alguien utilice sus derechos debe hacerlo sin limitar los derechos de los demás. Ese elemental principio no lo está respetando esta minga. Por otro lado, el principio de gobernanza determina que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, deben estar sometidas a las leyes que se promulgan públicamente para hacerlas cumplir por todos, aplicándolas con independencia. Este principio tampoco se está respetando con esta minga.
Si todos los colombianos somos iguales ante la ley, y tenemos, sin distinción, derecho a la protección de la ley, ¿por qué no se cumple en esta oportunidad?. Con esta minga se da un fehaciente desacato a las normas de bioseguridad que ha establecido el gobierno para proteger a la población colombiana del contagio con el civd-19; es claro que en esas aglomeraciones no se cumplen ni siquiera las normas más básicas, como son el distanciamiento físico y el uso de tapabocas en forma apropiada. Las consecuencias se reflejarán en un incremento significativo de los principales indicadores de la pandemia en el país, que actualmente registran cifras cercanas al millón de personas contagiadas y a los 30 mil fallecidos.
Pero no solo se está afectando el derecho a la salud de la mayoría de los colombianos, también se están afectando seriamente sus derechos a la libre movilidad, a la seguridad, al empleo y a la obtención de ingresos para satisfacer las necesidades de una vida digna, lo que solo será posible con la consolidación de la reactivación de la economía y de su aparato productivo. Están impidiendo el logro de este propósito y como consecuencia están generando más limitaciones y más pobreza para la mayoría de los colombianos.
A pesar de que el gobierno nacional conformó y envió una comisión de alto nivel, de la que hacían parte varios ministros, para conversar con los líderes indígenas en sus territorios, éstos la rechazaron porque no estaba presente el presidente de la república a quien pretenden hacerle un insólito juicio político. La movilización hacia Bogotá la realizan por los supuestos réditos políticos que les genera. Mientras tanto, los líderes de los partidos políticos de la oposición siguen aupando a los indígenas marchantes y siguen persiguiendo que al gobierno nacional le vaya mal, aunque se descuaderne el país y como consecuencia todos los colombianos perdamos.
