La palabra terrorismo significa el acto o los actos que pueden producir miedo, angustia, desgracias y espanto además de terror. En nuestro medio se utiliza para descifrar o retratar toda acción generalmente bien diseñada, dirigida, orientada a producir daños y pánico entre la gente y sobre todo el caos o la disociación. El terrorismo se produce gravemente cuando causa desgracias y muertes, cuando provoca estampidas, huidas, escape y desmoronamiento del orden legal, social, comunitario. Es en términos generales modernos un escenario de pánico y pavor científicamente identificado y profesionalmente estudiado. Por ello todas las legislaciones del mundo actual, todas sin excepción, lo consagran como delito de la más funesta repercusión social y por lo tanto lo castigan severamente. El mundo actual por desgracia ha estado inmerso en un abundante accionar terrorista en los últimos años.

Aquí y en todas partes cuando las manifestaciones de protesta pública, con fines políticos o de otra índole, abandonan su carácter pacífico de protestar que buscan ser escuchadas y se lanzan al caos, al ataque personal, al vandalismo destruyendo lo que encuentran a su paso, incendiando, niquelando edificios, puestos de policía, vehículos, tiendas, automáticamente, por ley, cometen delitos y pasan a ser sujetos de derecho penal claramente estipulados. Además cuando sobrevienen los muertos, los incendios, el caso se puede transformar en homicidios de alto calibre y por lo tanto hay una configuración del auténtico terrorismo señalado como el mayor delito por las legislaciones mundiales.

Ahora en el país resulta que nuestro Ministerio de Justicia, que no merece por ningún lado alguna calificación medianamente aceptable, le anuncia al país que presentará un proyecto de ley al Congreso que no califique como terrorismo a las acciones vandálicas que se produzcan en la degeneración de las protestas públicas, es decir cínicamente el planteamiento de que se produzca impunidad para todo el cúmulo de acciones delictivas o vandálicas que nazcan de las protestas públicas callejeras. Es un pasaporte al libre paso para la implantación de un terrorismo protegido por la ley misma. Algo realmente increíble, irracional, por no decir una estupidez.

El mismo presidente Petro debe detener este exabrupto. Cualquier acto vandálico, delito, de cualquier dimensión que sea cometido por el participante de una protesta callejera, sea de civiles o militares tiene que ser castigado mediante judicialización o de lo contrario nos estamos entregando al caos oficializado y protegido. De ahí a reivindicar la ley del más fuerte de los siglos pasados hay un solo paso.

Estas intenciones oscuras de altos dignatarios del Gobierno, ya van varias que nos dejan estupefactos, nos hacen pensar que los valores se están invirtiendo y que los principios, los valores humanos inclusive consagrados en el Estatuto Universal de los Derechos Humanos, la ética, la moral, pueden volverse un paisaje lejano y romántico dentro de poco y podríamos regresar al libre albedrío, aquella época donde ganaba quien accionara primero su revolver. Es preciso que Colombia haga un alto en el camino y se abra hacia la reflexión. Para llegar a los fines perseguidos no hay necesidad de embrutecerse.