El Heraldo
Opinión

Autoridad y vandalismo

Nadie discute la legitimidad de las marchas y protestas. ¿Motivos? Más que suficientes.

Pasando unos días, repasando los sucesos vergonzosos de las marchas y los paros que sacudieron al país recientemente, puntualizamos seis actos de vandalismo que protagonizaron en varias ciudades los maleantes infiltrados que inducidos con una remuneración económica manchan los legítimos derechos de una ciudadanía desorientada, angustiada, deliberante. Son estos hechos: Uno, la bomba incendiaria arrojada a un policía. Dos, las personas dentro de las oficinas de un banco suplicando a los sediciosos que rompían puertas hasta que entraron al local: ¡No, por favor, aquí hay gente, auxilio, no por favor! Tres, el joven con franela blanca, robusto, con una piedra gigante en la mano arrojándosela varias veces al panorámico de un auto blanco estacionado hasta romperlo. Cuatro, la patrullera encerrada en un carro de la policía, seguro en los vidrios, intentando protegerse de dos facinerosos que pretendieron reventarle el vidrio de la puerta. Cinco, las decenas de policías heridos que intentaban cumplir con su deber. Sexto, la muerte por heridas de puñal del capitán Jesús Alberto Solano que trataba de evitar el robo de un cajero automático.

Si estos seis hechos en medio de las centenas de actos delictuosos que fue el saldo de los desfiles iniciados el pasado 28 no son una muestra patética de un vandalismo criminal que debe ser enérgicamente reprimido por la fuerza pública, entonces como dicen los españoles: Apaga y vámonos. Porque ante todo y por encima de cualquier discusión hay que dejar establecido dos principios fundamentales: El primero es que la protesta es auténticamente válida, protegida por la Constitución Política, es un derecho ciudadano enmarcado en los principios universales que sustentan los derechos humanos. Lo segundo es que esa misma Constitución o ley máxima ordena al Estado proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos y para ello está dotado de los instrumentos legales y personal calificado como la Policía y el Ejército para hacer cumplir esa protección.

Nadie discute la legitimidad de las marchas y protestas. ¿Motivos? Más que suficientes. Pero tampoco nadie puede justificar el crimen como una vía de expresión y, lo que es lamentable, la desilusión que produce ver cómo sindicatos respetables, entidades jurídicamente conformadas según las leyes, agremiaciones que se presumen honestas ciudadanas, pueden permitir que algunos no asociados se infiltren entre ellas y procedan teniendo el asesinato como objetivo de sus desmanes. Porque  lo que vimos fue eso: Las ganas, los actos y la voluntad de asesinar a otros ciudadanos, entre ellos  principalmente la fuerza pública que simbólicamente y legalmente está constituida para protegerlos a ellos y sus familias.

El gobierno tiene los medios y los instrumentos para ejercer la autoridad, pero no una autoridad débil, indecisa en sus respuestas, ambigua, temerosa, nerviosa ante las advertencias: “Cuidado con ejercer represalias que atenten los derechos humanos”. ¿Y ellos acaso no están siendo víctimas de la vulneración de esos mismos derechos humanos? No señores del gobierno: Autoridad es autoridad y no debe ser de nombre. Cualquier cifra presagiada, quizás dos mil personas en el país vandalizan estas marchas, pero cincuenta millones de colombianos exigimos férrea y dura autoridad para que nos defiendan, porque así lo ordena perentoriamente nuestras máximas leyes.

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