La cifra entregada recientemente a la opinión pública por las entidades institucionalizadas Constitucionalmente, sobre la plata que se pierde anualmente en Colombia por concepto de la corrupción es de cincuenta mil millones cada año, una no despreciable suma que forma un universo merecedor de un análisis profundo para determinar la forma, el cuándo, el cómo y el dónde. Porque realmente es demencial que los ciudadanos recibamos estas frías cifras y no nos queda más alternativa que la resignación, el repudio, el rechazo.

¿Por qué nada más que esto? Porque la otra cara de la medalla es que estas mismas entidades informativas, tan serias como la Contraloría General de la Nación impecablemente manejada en los últimos tiempos, le diga al país que en los últimos veinticinco años una docena de casos monstruosos de corrupción, escandalosos que nos estremecieron, auténticos sucesos que despertaron la más grande indignación del ciudadano común y corriente, están en alto porcentaje en la impunidad, o durmiendo agobiantes espacios jurídicos con una lentitud asombrosa, o detenidos en anaqueles del olvido por falta de pruebas, o enterrados en vericuetos de los códigos por vencimientos de términos o enterrados esperando el cierre de los años buscando la prescripción, que para unos casos sí funciona y  para otros no.

La verdad es que el país periódicamente se estremece con uno o varios casos de estos escándalos sorpresivos y absorto, presencia la impunidad reinando descaradamente, los mismos con las mismas, la cínica libertad condicional, la insólita casa por cárcel, la falta de pruebas contundentes y  determinantes. En fin, todas las argucias que los códigos consagran para cubrir las garantías procesales de los imputados pero que en el devenir del proceso se van convirtiendo en el reinado del cinismo. Así muchos imputados siguen felices en el exterior, otros pagan pocos meses de retención, varios se matriculan en la casa por cárcel que es una pantomima que revisan una docena de agentes especializados a más de cuatro mil casos vigentes. Es decir la burla a la justicia en todos sus órdenes formas y clases mientras el país se atraganta de impunidad, robo, atraco del burdo y el fino, muchísimas veces con los mismos con las mismas y todo el mundo contento.

Qué triste es para un profesional del Derecho como nosotros, formado bajo estrictos principios de una ética incorruptible, tener que expresarse de nuestra justicia y nuestros jueces de esta forma. Esto no quiere decir, como lo hemos insistido en estas columnas cientos de veces, que toda la justicia colombiana está podrida. No; es una minoría, porque son miles de miles los jueces y magistrados incólumes, limpios, auténticamente honestos, lamentablemente la manzana podrida ya sabemos cómo trabaja, cómo se va filtrando por los esguinces, cómo avanza llevándose, con los años, todo por delante. Esa docena de casos insolutos que ni siquiera es pertinente mencionarlos porque viven en la mente de la ciudadanía como un dardo penetrante que duele a diario, son el esquema que marcó, creemos, el límite máximo,

Ya no podemos ser peor y es la misma institucionalidad del Estado en todos sus niveles, nacional, departamental y municipal, es la que tiene que reinventarse. ¿Por qué? Porque el modelo que nos dominó hace doscientos años fue sobrepasado por el dolo, el delito, la mugre, el deshonor. Colombia todavía puede levantarse. Otros estados, en iguales circunstancias ya lo hicieron. ¿Por qué nosotros no?