El distinguido escritor y profesional Oscar Borja vecino nuestro en estas páginas con elegante estilo en todas sus apreciaciones manifestó hace algunos días que la Procuraduría General de La Nación debe ser eliminada. Sus argumentos son la inutilidad del organismo para la sociedad y el estado y al presupuesto que implica su operatividad. En comparación con los servicios que presta, agrega que la imagen del organismo no ha sido la mejor porque las controversias en las cuales participa siempre están vinculadas a tintes políticos y pujas de poder. Respetamos por supuesto las opiniones del doctor Borja que son similares a las de varios juristas del país.

Pero no las compartimos por las siguientes razones: El título Décimo de nuestra Constitución se titula Organismos de Control, luego la Procuraduría es básicamente indispensable como cabeza del Ministerio Público. Los artículos 276, 277 y 278 estipulan al detalle la conformación de la entidad, cómo se elige al procurador, sus funciones que son trascendentales en este momento en el país entre ellas la vigilancia estrictamente administrativa. Es en consecuencia un complemento supremo a los demás organismos de la Rama Jurisdiccional del poder público. Por algo la Constitución de 1991 estableció claramente dichas funciones.

Posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención al Estado colombiano recomendando que la procuraduría no debería adoptar la destitución como castigo de un funcionario elegido por voto popular. La Procuraduría acogió dicha recomendación, pero en ningún momento ha detenido su magnífico trabajo en el momento, en la historia de hoy, de ejercer la sanción disciplinaria. Sería el congreso en el futuro con el lleno de los requisitos constitucionales si se adopta o no estas variaciones en el ejercicio del poder público.

¿Pero es recomendable en este momento en que la Procuraduría, por cierto afortunadamente en manos brillantes de una profesional costeña, no sea suprimida cuando estamos inundados de corrupción desde los cuatro puntos cardinales y nadamos como casi nunca antes en un mar de inmoralidad prácticamente desbordada?.

Todo por el contrario pensamos: que hoy día más que nunca debemos reforzar los entes de control del Estado, las sanciones, la vigilancia para tanta corruptela que nos tiene hastiados. La sola sanción administrativa básica de la Procuraduría como se está ejerciendo actualmente es un freno cuyos resultados vemos.

Quitarle al Estado en estos instantes este organismo sería debilitar a la justicia, mutilarle uno de sus pilares sustantivos que el país necesita. Esperamos que esta propuesta alimentada por supuesto por el actual gobierno nacional no prospere por el bien del país.