Como era de esperarse, la reforma tributaria (porque eso es lo que es) presentada por el Gobierno ha despertado todo tipo de reacciones en contra. En gracia de discusión, y sin ser un experto en el tema, algunos puntos relacionados con el ingreso solidario y otros que se refieren a temas como el medio ambiente y los gravámenes a combustibles fósiles contaminantes parecen (y recalco el parecen) pertinentes y merecedores de más debate. En otros aspectos la reforma se torna un tiro en el pie de un gobierno disminuido en apoyo y credibilidad; y de rebote ese tiro golpea y hiere a la clase media asalariada con, por citar apenas un ejemplo, impuestos a servicios públicos que nos harán pensar más de una vez antes de encender la luz, abrir la llave del agua, comer atún y otros etcéteras.

En ese marco, el sector audiovisual y cinematográfico del país se ha movilizado en contra de los artículos que prácticamente desmontan el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, vigente desde la Ley 814 de 2003 o “Ley de Cine”; misma que ha permitido un desarrollo exponencial de la industria nacional. Gracias a esa ley y al Fondo el país ha visto como su cine produce anualmente un importante número de estrenos, se estimula la inversión privada, se fortalecen y desarrollan numerosas empresas especializadas tanto en la producción cinematográfica como en la prestación de servicios paralelos; todo aparejado con un creciente reconocimiento internacional de la calidad de nuestro cine y la capacidad de trabajo del talento humano del país. Prueba de eso es que grandes casas productoras norteamericanas se han aliado con empresas nacionales para producir contenidos para el público latino en el país del norte. Mucho de bueno se ha hecho.

Lo que la reforma plantea es que el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que se financia básicamente a partir de lo que se recauda en taquillas, desaparece y se deja en el Presupuesto General de la Nación la financiación del cine nacional en un rango no inferior a lo recaudado por el Fondo en el 2019. Dice el Gobierno que de esta manera no se afectan los recursos en estos tiempos de pandemia y, por ende, sin taquillas. Aunque puede parecer lógico, los riesgos son enormes por, primero, la pérdida de independencia del Fondo: Que su financiación pase a depender de los vaivenes con que se despierten quienes nunca aprendieron la diferencia entre estado y gobierno es un lamentable retroceso. Y segundo, cualquier eventual aumento en los ingresos generados por la industria no serían reinvertidos en la misma. Sumemos también que se acaban las normas que estimulaban la producción y exhibición de cortometrajes nacionales.

Suena incoherente que un gobierno que se pavonea hablando de “economía naranja” pretenda semejante esquilmada a un sector tan bien posicionado y respetado en el continente y más allá. Aunque no siempre pase, puede ocurrir que en una película ganen los malos. Ojo y nos apagan los proyectores con los créditos finales.

Alfredo Sabbagh Fajardo

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