Para ser honestos y reales es aplaudible la gran labor que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en la objetivización, eficiencia, determinación, procesamiento de todos los pasos señalados por la ley para identificar, localizar, perseguir, indagar y detener finalmente a los sospechosos, sindicados de múltiples delitos. Los centros de reclusión especialmente las cárceles y demás centros menores similares, entre otros ante la necesidad de las carceletas de los puestos de la Policía para la vigilancia ciudadana, viven llenos de delincuentes que prácticamente se ven hacinados durmiendo muchas veces los unos sobre otros.

La construcción de nuevos centros carcelarios es labor del Ministerio de Justicia soportado en varios aspectos legales por el Ministerio de Defensa. Y por supuesto por la Presidencia de la República. Todo este proceso hace más de siete años está paralizado y este gobierno nacional lo ha ignorado hasta el extremo de ni siquiera introducir partidas del presupuesto nacional cada año para su activación tan necesaria. Por supuesto los términos de obligación por cumplir legalmente en materia penal, se van ejecutando y los jueces tienen que darle en muchas ocasiones el beneficio de la libertad a muchos detenidos sin siquiera ser imputados como dice el código respectivo. Entonces el público se pregunta por qué vuelven a la calle cientos de detenidos al poco tiempo de perder la libertad. Seamos sinceros: Muchísimas veces no es negligencia de los jueces, es su obligación liberarlos. Aquí no estamos defendiendo a nadie, simplemente nos atenemos a lo que la ley con sus códigos señalan.

En un Municipio del Atlántico se quiso hace unos años iniciar un estudio para construir una cárcel cercana. Se paralizó el tema de pronto para siempre. ¿Que la ciudadanía lo rechazó? Bien, entonces ¿por qué no se buscó otro lugar enseguida? Por otro lado estudiando la dimensión filosófica de este drama humano y legislativo del país, no se nos puede olvidar que el sindicado, hombre o mujer, recluido brutalmente en el tumulto de una penitenciaría o carceleta, es con todo el presunto prontuario que tenga, un ser humano y así sea en las peores condiciones de acomodación, merece siquiera una mínima atención sanitaria. No somos animales irracionales y tampoco pretendemos que en cada centro de reclusión se habite como en un club social. Hay que ser racionales y justos. Paralelamente toda esta situación se refleja en los policías y guardas de cárceles como nos lo comentaba recientemente uno de ellos por casualidad: “Es un sacrificio inmenso doctor mi trabajo pero tengo hogar e hijos”.