C olombia llega a 2026 con una foto engañosamente tranquila: embalses en niveles altos y precios de bolsa contenidos. Pero la pregunta relevante no es cómo amanecimos, sino si el sistema puede atravesar los próximos 12 meses sin un susto de racionamiento o choque tarifario. La holgura de años anteriores se redujo estructuralmente, erosionada por nuevos trámites burocráticos, retos de licenciamiento e inestabilidad regulatoria. Estamos frente a una crónica de una muerte anunciada.
En apariencia todo está bajo control, XM reportó que el embalse agregado alcanzó el 79,91% el 18 de enero de 2026, con aportes hídricos equivalentes al 148% de la media histórica. Sin embargo, la demanda continúa creciendo: para 2026, XM estima un consumo entre 92.889 GWh (escenario medio) y 95.086 GWh (alto). A su vez, la UPME proyecta crecimientos anuales entre 1,53% y 4,30% en los próximos años, lo que exige una expansión sostenida de la oferta. Este dinamismo, hoy, no está ocurriendo.
Los embalses funcionan como la “batería” del sistema, lo que obliga a administrar los embalses con cuidado para no caer por debajo de umbrales críticos. Si 2026 trae un verano duro, la resiliencia del sistema se pondrá a prueba en cuestión de semanas. Durante las sequías, el sistema se apoya en plantas térmicas. Las restricciones de gas natural o de combustibles líquidos se traducen en precios más altos, cerca de 12 millones de hogares destinan más de 3,5% de su ingreso a electricidad. No se está fortaleciendo la seguridad del abastecimiento. Se requiere nueva capacidad firme ni de infraestructura de transmisión.
Colombia tiene potencial para generar más energía renovable, pero sin redes modernas se diluyen oportunidades: en el país se han reportado pérdidas que pueden alcanzar hasta el 30% en algunas zonas. La subasta de Cargo por Confiabilidad asignó obligaciones ampliamente a fuentes solares (30 de 33), con apenas tres térmicas. La energía solar es necesaria para la transición, pero no reemplaza la potencia firme requerida en las horas críticas, especialmente en ausencia de almacenamiento a gran escala o respaldo térmico. No es casual que varios países ya exijan la incorporación de baterías como condición para la entrada de nuevos proyectos. Al mismo tiempo, proyectos estratégicos siguen expuestos a demoras por licenciamiento. El retiro de Energía de Portugal por asfixio institucional es ilustrativo.
El problema de fondo es físico, no normativo: sin nueva oferta firme, sin redes y sin ejecución efectiva, no hay decreto que fabrique electrones. La agenda mínima para evitar una crisis urgente: (i) plan de confiabilidad 2026–2027 con señales estables para térmicas, almacenamiento y demanda gestionable; (ii) desbloqueo acelerado de proyectos de transmisión y de generación estratégica; (iii) disciplina operativa en los embalses, con reglas técnicas claras y transparencia diaria; (iv) pedagogía en ahorro de energía y en tarifas, con protección focalizada, no con incertidumbre regulatoria.
Colombia no está condenada a un apagón. Pero sí enfrenta el riesgo de una mala combinación: clima adverso + retrasos estructurales + señales regulatorias confusas. En el sector eléctrico, reaccionar tarde siempre resulta costoso que prevenir a tiempo. Lo triste es que la culpa le caerá al próximo gobierno, a nadie le importa.
