Bajo el disfraz de una “justicia social” de escritorio, el Ministerio de Vivienda ha lanzado un proyecto de decreto que, en la práctica, se convierte en un certificado de defunción para el sueño de la casa propia en Colombia. Con una desconexión alarmante de la realidad económica, el Gobierno pretende imponer un tope de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) y prohibir la indexación de precios, como si la economía pudiera manejarse por caprichos ideológicos y no por costos reales que no dan tregua.
La ceguera técnica del Ministerio es pasmosa. Mientras intenta congelar precios por decreto, ignora que los Costos de Construcción no se detienen. En los últimos años, el acero, el cemento y el concreto que son la columna vertebral de cualquier obra, han devorado los márgenes del sector. A esto se suma el incremento acumulado del salario mínimo, cercano al 23,7 %, que eleva de forma automática el costo de la mano de obra y genera un efecto dominó imposible de frenar mediante resoluciones administrativas.
Exigirle a un constructor que absorba estos costos desbordados, mientras se reduce el precio final de venta de la vivienda VIS de 150 a 135 SMMLV, no es política social: decreta el abandono de obras, un cementerio de proyectos inconclusos y la quiebra masiva de constructores.
Para una ciudad como Barranquilla, donde la construcción ha sido motor de desarrollo, empleo y formalidad, esta medida equivale a un sabotaje directo. Cuando las cifras no cuadran, la inversión se detiene. En aritmética básica nadie construye para perder. Asfixiar la rentabilidad de la Vivienda de Interés Social, el Gobierno está destruyendo miles de empleos de obreros, maestros de obra, ingenieros, transportadores y proveedores, empujando a familias enteras de regreso a la informalidad y al hambre.
Resulta un insulto decirle a un hogar vulnerable que está siendo “protegido”, mientras se destruye la oferta de vivienda en las zonas donde sí existen empleo, transporte y servicios. El ahorro de una familia pobre es limitado y sagrado; no puede compensar con sacrificios adicionales lo que el mercado deja de ofrecer por culpa de regulaciones absurdas. Al reducir artificialmente el tope de precios, el Ministerio condena a los más pobres a dos destinos igualmente crueles: viviendas relegadas a periferias sin seguridad ni infraestructura, o la simple desaparición de la vivienda social.
Estamos ante una política que encarece la vida a través de la escasez. No se protege al ciudadano quitándole opciones; se le protege garantizando que existan proyectos viables donde invertir su esfuerzo y su futuro. Si el Ministerio insiste en este populismo económico, será responsable de profundizar el ciclo de pobreza, dejando a Barranquilla y al país con menos viviendas, menos empleo y mucha más frustración.
@BillyHe42512041
