Tengo una convicción jurídica que considero innegociable: cuando la razón se retira del espacio público, el Derecho deja de ser un límite para convertirse en un simple instrumento. Y cuando el Derecho se instrumentaliza, la Constitución empieza a vaciarse por dentro.

He vuelto a leer a Voltaire como advertencia. Él me enseñó que el fanatismo no es una pasión política más; es una patología del juicio, una ceguera moral que legitima lo ilegítimo. El fanático no evalúa: sustituye el argumento por la lealtad y convierte al contradictor en enemigo. En ese punto, la deliberación se degrada y el lenguaje se vuelve arma.

En Colombia observamos una polarización que se organiza como identidad cerrada. Bajo esta lógica, tanto los seguidores de Uribe como los de Petro —cada cual desde su propio relato— suelen caer en la tentación del equipo; una adhesión emocional que deja de verificar hechos y justifica los excesos propios mientras interpreta la crítica como traición. No me interesa equiparar proyectos ideológicos; me interesa advertir un fenómeno transversal: la lógica de hinchada aplicada a la política, es decir, fanatismo.

Esta dinámica es corrosiva para el constitucionalismo porque transforma los conceptos. Para el fanático, el control institucional es un obstáculo, el debido proceso es un formalismo y los derechos son privilegios cuando los reclama el bando contrario. El problema de fondo es que el fanatismo desplaza el principio de limitación del poder: ya no se discute si una decisión es constitucional, sino si ayuda o perjudica a la causa. El parámetro deja de ser la norma y pasa a ser la conveniencia.

Voltaire no era ingenuo. Sabía que ninguna causa —por noble que se anuncie— puede estar por encima del catálogo de garantías. Cuando escucho que “esto es necesario para salvar al país”, mi respuesta como jurista es una batería de preguntas: ¿necesario según quién?, ¿dentro de qué competencias?, ¿con qué control? El totalitarismo rara vez entra pateando la puerta; suele entrar por la rendija de la emergencia permanente o el permiso excepcional. Puede crear el caos para luego traer la “solución”.

La razón sostiene todo sistema jurídico: sin ella, la ley se reduce a fuerza organizada y cae en arbitrariedad. En términos jurídicos, esto exige motivación: toda autoridad debe justificar sus decisiones para hacerlas controlables. Por eso el Congreso no puede legislar por pasión ni a pupitrazo; debe deliberar con razones.

Cuando el fanatismo se instala, los síntomas son claros: se deshumaniza al opositor, se desprecia el límite jurídico y se normaliza el abuso si beneficia al lado correcto. Este itinerario produce un totalitarismo gradual; una erosión cotidiana donde la Carta Política queda vigente, pero opera de forma degradada.

Defender la Carta Magna no es un acto emocional, sino un ejercicio racional. La legitimidad no se presume: se construye con razones. La libertad no se conserva por inercia, sino por vigilancia. En estos tiempos de ruidos y furias, la razón no es solo un método académico; es la última muralla de defensa frente a la tentación autoritaria. Negarnos a elegir entre fanatismos es, hoy más que nunca, un deber constitucional.

Al final, el fanatismo es el suicidio de la inteligencia en el altar de la obediencia. Si permitimos que el Derecho se convierta en el juguete de las mayorías de turno o en la herramienta de venganza de caudillos mesiánicos, habremos firmado nuestra propia condena. No nos engañemos: cuando la Constitución se convierte en un estorbo para la causa, lo que está en peligro no es un bando político, sino la posibilidad misma de ser libres.

Entonces, la verdadera rebeldía no es gritar en una plaza por un líder carismático, sino tener el coraje de exigirle razones y límites al poder. No necesitamos mesías; necesitamos controles. El día que cambiemos la rendición de cuentas por la fe ciega, habremos entregado nuestra autonomía. Porque cuando una sociedad deja de pedir argumentos y empieza a esperar milagros, deja de ser una democracia de ciudadanos para convertirse en un rebaño de súbditos.

Luis Hernán Tabares Agudelo

Abogado defensor de derechos humanos

Colombia